Este año, nuestro país había sido absuelto en el juicio por la denuncia de Juan Arrom y Anuncio Martí y ahora, otra vez, debe comparecer ante la instancia supranacional.
La comunicación llegó el pasado 3 de octubre, donde informa que, en esa fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte IDH el caso 12702 “Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea contra el Paraguay”.
Esto, según el artículo 51.1, que habla de que el asunto no fue resuelto en el plazo de tres meses luego de la remisión del informe de la CIDH al Estado denunciado en esa instancia.
También cita el artículo 45 de la Comisión, que señala que someterá el caso a la Corte IDH, que es lo que ahora comunicó a los interesados.
Ahora queda la comunicación de la apertura del juicio, de modo que las partes presenten sus pruebas, para que luego se fije una fecha para el juicio.
la causa. Bonifacio Ríos Ávalos, ex presidente de la Corte, había sido destituido en juicio político del Senado, el 12 de diciembre de 2003, junto al también ministro Carlos Fernández Gadea.
Por su parte, los ex ministros Jerónimo Irala Burgos, Raúl Sapena Brugada, Felipe Santiago Paredes y Luis Lezcano Claude renunciaron ante la inminencia del juicio político a los que los someterían.
En la demanda presentada, los ex ministros dicen que hubo 20 causales en la acusación de unas 900 páginas, y cada ministro enjuiciado tuvo tres horas para su defensa.
LA RECOMENDACIÓN. La CIDH, cuando se admitió la denuncia, en marzo de 2009, había recomendado una solución amistosa, con la reposición en el cargo y el pago de los salarios caídos, más los costos y costas, pero el Paraguay lo rechazó.
Ahora, a 10 años, la CIDH realizó su informe de fondo, donde encontró que existe violación de la independencia del Poder Judicial.
Carlos Fernández Gadea falleció en de junio de 2010.
Tiene 7 condenas y una absolución
El Paraguay tiene siete condenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una absolución. Las perdidas son el caso de Ricardo Canese; la demanda por el incendio del Panchito López; el caso de la comunidad Yakye Axa; el de la comunidad Sawhoyamaxa, ambas por restitución de tierras; el caso de Agustín Goiburú, por las desapariciones en la dictadura; el caso de Vargas Areco, el soldado muerto en el servicio militar, y el de la comunidad Xákmok Kasek. El único donde absolvieron a nuestro país es el de Juan Arrom y Anuncio Martí.
