Dicho lo anterior, el funcionamiento de un sistema de partidos dice mucho del régimen en el que opera. Un sistema de partido hegemónico o, peor aún, de partido único, es propio de regímenes autocráticos o totalitarios. Así como, sistemas bipartidistas o pluripartidistas pueden dar cuenta de democracias dinámicas, competitivas, donde la alternancia en el poder es una constante. La forma como los partidos cooperan y se relacionan es directamente proporcional a la calidad del régimen democrático.
En la literatura sobre partidos, el sistema de partidos paraguayo ha sido caracterizado junto a Colombia, Honduras y Uruguay como de tipo oligárquico, organizados de manera vertical, son multiclasistas y están guiados por élites sociales y políticas que se vinculan a electorados de clase baja por redes patrón-cliente (Roberts, 2002).
Marcelo Cavarozzi, por su parte, ubica al Paraguay junto a México y Argentina, entre los casos en los cuales los partidos tradicionales no pudieron sobrevivir al derrumbe del sistema oligárquico (siglo XX), sucumbiendo finalmente al predominio de los militares. Este tipo de configuración se caracterizó por la presencia de hegemonías unipartidarias; es el caso del sistema paraguayo desde 1947 hasta 1989.
La etapa competitiva del sistema de partidos se inicia en 1989. En este periodo, el cambio de reglas electorales fue determinante para elevar los niveles de competitividad electoral. Desde la propia formulación constitucional de la “democracia representativa, participativa y pluralista”, hasta la inclusión de la representación proporcional, pasando por la obligatoriedad del voto en partidos y organizaciones intermedias daban cuenta de una idea muy potente de dinamizar la faz electoral de la democracia y de promover una mayor pluralidad en la competencia política.
Esta reforma hizo que surjan –durante la última década de los 90 y primera del 2000– diversas organizaciones partidarias “independientes” a las tradicionales, que ocuparon de forma protagónica la competencia política, y lograron ofrecer una mayor pluralidad de opciones políticas al electorado. A criterio de algunos especialistas, se pasó de un sistema hegemónico excluyente a un pluripartidismo (Morínigo, 2020).
Esta tendencia se proyectó hasta el año 2013. Partidos o coaliciones del tercer espacio, bien organizados, en su mayoría, con una orientación ideológica definida, concentrados en la capital y algunas capitales departamentales, dependientes –en extremo– de liderazgos personalistas, con débiles vínculos en los territorios y escasa estructura interna. Nunca amenazaron realmente la predominancia colorada, pero sí lograron ocupar bancas en el Congreso y convertirse en fuerzas nada despreciables en algunos momentos.
Este panorama del sistema partidario nacional ha cambiado en las elecciones 2018 y, sobre todo, en estas últimas, donde se registra un viraje nuevamente, hacia la predominancia excluyente del Partido Colorado en la competencia política, con partidos de oposición con débil representación legislativa y –casi inexistente vida interna partidaria– nuevos partidos del tercer espacio –desorganizados, sin idearios claros ni liderazgos predecibles– sustituyeron a partidos que tenían disciplina legislativa, liderazgos tradicionales y una hoja de ruta más previsible.
El crimen organizado y el narcotráfico, financiando de manera abierta campañas políticas y poniendo a sus capangas en cargos de representación, ensombrecen todavía más el panorama.
El contexto actual es incierto, las cartas para el 2028 ya se están tirando de manera anticipada, todo lo que se ve es más de lo mismo, personalismo puro, sin programas ni proyectos más amplios que ofrecer y sin partidos protagónicos que puedan actuar de soporte. La vieja idea de los partidos como intermediarios, por lo visto ya es antigua. Frente a eso, la maquinaria colorada mueve las piezas y ya adelanta los próximos pasos de cara a las contiendas electorales del 2026 y 2028.
