La publicación del medio, con la firma de María del Pilar Castillo, lleva por título: Tensión con Paraguay: el peaje de la polémica, un reclamo a Alberto Fernández y cómo podría afectar el cambio de gobierno.
El punto del conflicto es el cobro de una tasa por parte de la Argentina a las embarcaciones que transitan el tramo norte de la Vía Navegable Troncal, y que tiene un impacto directo en la economía local.
Los hechos
Tras la denuncia realizada por el Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, con relación a una supuesta agresión a la soberanía argentina, tras un incidente registrado en junio con pescadores y la Armada Paraguaya, el pasado viernes, el canciller argentino Santiago Cafiero visitó la zona donde ocurrieron los hechos, en cercanías a la represa de Yasyretá.
El objetivo fue garantizar los derechos establecidos en los tratados internacionales y lograr una convivencia pacífica entre ambos países.
Debido a estos hechos, el medio La Nación de Argentina realizó el extenso material donde asegura que la relación entre Paraguay y Argentina se ha visto empañada debido a los acontecimientos ocurridos en meses anteriores y la suma de lo ocurrido entre junio y julio con la denuncia presentada por Valdés y el recorrido realizado por Cafiero.
“No es un hecho aislado. Estamos asistiendo permanentemente a situaciones de mayor volumen y que van subiendo de tono”, aseveró el gobernador Gustavo Váldes al medio argentino, luego de elevar el pasado miércoles el reclamo al Congreso de la Nación, en referencia al incidente que involucró a un grupo de pescadores argentinos.
Conflicto
En diálogo con La Nación de Argentina, el analista económico Roberto Codas coincide en que se trata de una cuestión menor y señaló que las comunidades ribereñas de ambos países “están estrechamente integradas” y sus relaciones “son muy funcionales”, más allá de algunos sucesos puntuales que normalmente se resuelven entre las dos prefecturas.
“Siempre hay algunas tensiones, el río Paraná es muy ancho, pero éstas suelen solucionarse fácilmente”, indicó Codas.
El especialista destacó que un problema de “vital importancia” entre los dos países es la reciente controversia en torno a la decisión de la Argentina de cobrar un peaje a las embarcaciones que pasan por el tramo norte de la Vía Navegable Troncal (VNT), una ruta fluvial de 1477 kilómetros que permite la salida hacia el océano a distintos tipos de embarcaciones de carga. Un punto que el presidente saliente, Mario Abdo Benítez, planteó a Alberto Fernández en la Cumbre del Mercosur en Puerto Iguazú.
“La cuestión de la navegación fluvial sigue siendo crucial para el Paraguay, necesitamos acción solidaria. Las medidas contrarias tienen consecuencias negativas reales, pérdidas y afectación de empleos. El transporte fluvial es trascendental para nuestra economía, esperamos que sea tramitada con celo en el marco de nuestros acuerdos internacionales”, acotó Abdo Benítez frente a los demás jefes de Estado.
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El mandatario hacía referencia a la decisión del Ministerio de Transporte, a través de la Administración General de Puertos (AGP), de cobrar a partir del 1° de enero de 2023 un peaje por un monto de 1,47 dólares por tonelada para el transporte internacional en el tramo de la VNT comprendido entre el Puerto de Santa Fe y la Confluencia con el Río Paraguay; una disposición que según el país vecino viola el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra —también conocido como Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná—, firmado por Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia en Las Leñas en 1992, que garantiza la libertad de navegación de todos los buques. El acuerdo contempla una tasa retributiva únicamente de los servicios efectivamente prestados.
Entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022 transitaron por la VNT 4.523 buques y más de 20.000 barcazas, de diferentes tamaños y con distintos tipos de carga.
En cuanto al tipo, las estadísticas confirman que el principal buque que navega las aguas de la VNT es el granelero, que representa el 53,64% del total –y un 61% de la facturación–, con una cifra de 2426 buques en el año.
El medio argentino asegura que la medida golpea con especial fuerza al comercio de nuestro país, sin salida al mar y con una extensa red de barcazas. Indica que la situación genera un profundo malestar al gobierno paraguayo ya que el cobro del peaje le costará cerca de 50 millones de dólares al año.
El artículo presentado por La Nación de Argentina también resalta el documento presentado por el gobierno argentino en el cual se examina la necesidad de tareas de dragado en el tramo fronterizo, el cual fue cambiado en razón de servicios de señalización, cambio de trazas constantes y un sistema de identificación automática que permitirá conocer en tiempo real la ubicación de las embarcaciones y la navegación nocturna.
No se justifica
En tanto, tras el análisis de un equipo técnico, Paraguay concluyó que las pruebas y argumentaciones argentinas eran insuficientes.
“La información argentina no justifica ningún trabajo de dragado e incluso recomienda no avanzar en ese sentido en el futuro dada la hidromorfología del propio río”, explica a LA NACION el viceministro de Relaciones Económicas e Integración, el embajador Enrique Franco Maciel, que siguió de cerca el proceso. “Tampoco tiene sentido la tesis de la señalización, ya que son los capitanes mismos los que hacen la batimetría para indicar a los convoyes que van detrás dónde está el canal”.
Brasil, Uruguay y Bolivia, los demás países miembro de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná, el órgano técnico encargado de la aplicación, seguimiento y desarrollo del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná, se sumaron al reclamo paraguayo al manifestar su “grave preocupación” en una reunión reciente celebrada en Montevideo, y reiteraron a la Argentina abstenerse de adoptar medidas que atenten contra las normas internacionales.
La Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (Cptcp), una asociación civil de carácter internacional y sin fines de lucro, que está integrada por armadores y operadores privados de los cinco países de la Cuenca del Plata, llegó a la misma conclusión que la Comisión en un informe presentado el 21 de junio al que tuvo acceso LA NACION.
“Ya hemos cubierto todos los pasos del proceso de solución de controversias: iniciamos las consultas bilaterales; después pasamos al nivel técnico multilateral o regional en la Comisión del Acuerdo…”, señala Maciel y agrega que el próximo paso es elevar el asunto al Comité Intergubernamental Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH), el órgano político que interviene en el funcionamiento del acuerdo.
Diálogo continúa
Por su parte, el canciller designado Rubén Ramírez Lezcano, que asumirá su rol el próximo 15 de agosto, afirmó a este medio que en la Cumbre del Mercosur recibieron la atención de las autoridades argentinas y que “aunque es una situación delicada, el diálogo continúa”.
A pesar de todo ello, el analista manifestó a La Nación de Argentina que estos inconvenientes las relaciones bilaterales entre Argentina y Paraguay, importantes socios comerciales, permanecerán firmes.