“Venta y consumo de crac se dan a plena luz del día en vía pública”. “Adictos deambulan como almas en pena por abandonado microcentro”. “Niños desde los 8 años caen en las garras de la drogadicción”. “Drogas acechan colegios”. “En San Lorenzo denuncian que niños hacen delivery de drogas”.
Son algunos de los títulos de una serie de investigación que el diario Última Hora viene publicando desde hace varios días. No son inventos de los periodistas. Son artículos que exponen un flagelo, doloroso y destructivo, que es una realidad plena en Paraguay.
El actual gobierno, ni los anteriores, lo ha tomado con la debida seriedad. La mayoría de los parlamentarios y políticos de los poderes del Estado parecen estar más preocupados por sus cupos para amigos, correligionarios y amantes; el rekutu y las autoasignaciones salariales, antes que por trabajar seriamente contra este problema social sin precedentes. El tráfico y consumo de drogas nos están “matando” como sociedad y país. Estamos ante el peligro de una destrucción silenciosa. El demanda va en aumento. Solo en enero de este año, el Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones registró más de 300 nuevos pacientes (ÚH-10/02/23).
Muchos de estos jóvenes y adultos transitan una senda sin retorno, pues, por un lado, no todos tendrán la posibilidad de llegar a un centro de recuperación, y, por otro, tampoco el 100% contará con la fortaleza física, sicológica y espiritual requerida para superar el drama de la adicción. Hay secuelas irreversibles.
La situación es grave, pero resulta difícil dimensionarla desde un sillón presidencial, una climatizada oficina parlamentaria o el cómodo sofá de nuestras viviendas.
Esta realidad se retroalimenta de problemas históricos y endémicos. Corrupción, desinterés, inoperancia y miedo se mezclan. Todos saben, nadie es culpable. En la mayoría de los casos, policías, fiscales y políticos están involucrados; ya sea con el silencio cómplice y el miedo o la colaboración directa. Dinero fácil, con manchas de sangre y dolor que tarde o temprano pasará su factura a quien la tome.
Si no se toman medidas, el drama llegará a las puertas de cada uno, más allá del nivel económico que se tenga. El tráfico y consumo conllevan marginalidad, criminalidad, violencia, inseguridad. Alcanza a todos y ya lo estamos viviendo. Un alto porcentaje de crímenes tienen como objetivo conseguir recursos para la compra de las sustancias.
“Paraguay es la tierra de la impunidad”, había expresado Marcelo Pinheiro Veiga, al New York Times, en una entrevista publicada en 2019, por el periodista Ernesto Londoño, y que fuera realizada desde la prisión en nuestro país. El involucrado con tráficos de drogas y armas afirmó en aquella publicación que los sobornos a los altos mandos de la policía eran tan generalizados, que las tarifas de pago para los comandantes de diversos rangos básicamente estaban institucionalizadas.
Pero a la corrupción en los organismos de seguridad y el ámbito político, y a la pobreza –caldo de cultivo de este flagelo– se suma un factor, el de una sociedad que va perdiendo la fortaleza de una institución fundamental, la familia, y en ella, la presencia activa de los padres en la educación de los hijos. No se trata de un tema secundario, pues, este núcleo social es el responsable de transmitir ideales y virtudes al niño y joven; darle protección, comunicarle el valor del sacrificio y una mirada de esperanza hacia el futuro; alentarlos a superar obstáculos y alimentar aspiraciones personales.
El drama es real y está presente en cada esquina, barrio y escuela. Urge un compromiso ciudadano y una política de Estado que involucre a todos los sectores, combata el narcotráfico, cree espacios de sana diversión, fortalezca la educación integral, genere opciones laborales y promueva el fortalecimiento de la familia y el matrimonio como factores clave de educación y construcción de una sociedad más sana.
