Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Colombia emitieron un pronunciamiento pidiendo al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, el debido conocimiento y consideración de las realidades políticas, económicas y sociales de los Estados por parte de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En la nota, resaltan la necesidad de que las formas de reparación guarden una debida proporcionalidad y respeten tanto los ordenamientos constitucionales y jurídicos de los Estados, como las exigencias propias del Estado de Derecho.
Consideran que se debe respetar el legítimo espacio de autonomía del que disponen los Estados para asegurar a todas las personas sometidas a su jurisdicción, a través de sus propios procesos democráticos, los derechos y garantías consagrados en la Convención de conformidad a sus ordenamientos constitucionales.
caso Arrom-Martí. El canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni, y el procurador general de la República, Sergio Coscia, habían criticado las actuaciones de la CIDH, y de la Corte IDH, a raíz del caso Arrom y Martí contra el Estado paraguayo.
En este caso, los ex integrantes del partido Patria Libre, procesados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, aseguraron haber sido víctimas de privación ilegítima de libertad y tortura por parte de agentes del Estado en 2001, por lo que pedían una millonaria suma.
En la nota, los gobiernos de estos cinco países recuerdan que las resoluciones y sentencias de los órganos del sistema interamericano solo tienen efectos para las partes del litigio.
