Gloria Duarte, presidenta de la organización Japayke Paraguay, explicó que se están movilizando frente a la embajada paraguaya y, con carteles y banderas, elevan su voz de reclamo.
Los connacionales consideran inadmisibles en un Estado de derecho la derogación de la Ley 6951, referente a la inscripción automática en el padrón nacional de paraguayos y paraguayas residentes en el extranjero.
La nueva Ley 7443, que fue promulgada el año pasado de manera exprés, crea un retroceso al cercenar artículos que contemplaban, entre otros puntos, la firma de convenios para cruzamiento de datos con otros organismos electorales de países receptores de migración paraguaya, cuestionaron.
“Esta forma de proceder en el Congreso no solo atenta contra la democracia y la transparencia de nuestras instituciones, sino que dificulta el pleno ejercicio del derecho al sufragio contemplado en el artículo 120 de la Constitución Nacional”, se explayaron.
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La nota está dirigida al canciller Rubén Ramírez Lezcano y al embajador de Paraguay ante el Reino Unido, Justo Pastor Apodaca Paredes, informó la periodista Karina Godoy.
“Estamos viendo que la gente se está despertando, que los compatriotas que viven en el exterior se están despertando”, expresó Duarte.
También piden que se los reconozca. “Enviamos mucho dinero para que nuestro Paraguay esté de pie. Reciben nuestro dinero, pero nos quitan nuestro derecho a votar”, reclamó.
Hay otras manifestaciones previstas en París (Francia), Buenos Aires (Argentina), Barcelona (España), Chile, Suiza y Brasil.
Entre otras cosas, también expusieron las limitaciones presupuestarias y estructurales de los servicios consulares.
Actualmente, uno de cada siete paraguayos están fuera del país, indicaron.
Exteriorizaron su sentir y mencionaron que se sienten expulsados de Paraguay por distintas causas, entre ellas la falta de empleos en condiciones dignas y las barreras para poder acceder a las atenciones y a una cobertura universal de los servicios públicos de salud.
Además de la búsqueda de mejores oportunidades educativas, la inseguridad imperante, la corrupción que impregna las instituciones públicas y “un largo etcétera de situaciones que influyen en esta decisión forzada” de migrar.