Esto, porque ayer el juez de Garantías, Julián López, que interina a su colega Gustavo Amarilla, hizo lugar al recurso de reposición que planteó la defensa en contra de la resolución que le citó a la preliminar.
Lo más probable es que, ahora, sea el Ministerio Público el que plantee recurso de apelación en contra de lo resuelto por el juez, pero por ahora la preliminar está supeditada a la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema.
argumentos. El juez hizo un análisis de lo alegado por las partes.
El defensor Ricardo Preda sostuvo que como la audiencia preliminar es inapelable, al elevar a juicio oral el caso, el juez debía usar la calificación del delito que pretende el Ministerio Público, entonces al dictar la resolución el juez se conculcarían los derechos de los acusados.
Con ello, solicitó que se suspendiera la audiencia preliminar hasta que la Sala Constitucional de la Corte resolviera la excepción de inconstitucionalidad planteada por la defensa.
El fiscal Rodrigo Estigarribia, por su parte, argumentó que el simple desacuerdo con la decisión judicial no es causal para revocar la resolución.
Indica que el Código Procesal Civil dice que la excepción de inconstitucionalidad no para el juicio, sino que debe llegar al estado de sentencia. Así, pide rechazar el recurso.
Ya al analizar los hechos, el juez entendió que la preliminar no puede dividirse para esperar la resolución del superior; en este caso, la Corte.
Además, que la suspensión que se refiere en la legislación procesal civil abarcaba hasta la etapa del juicio en que el juez deba sentenciar como decisión irrecurrible.
Asimismo, el juez argumentó que la eventual elevación a juicio oral es equivalente a un estado de sentencia, puesto que es inapelable.
También dice que los argumentos del Ministerio Público eran insuficientes para rechazar el recurso de la defensa de Zacarías Irún y de su esposa.
De esta manera, el juez hizo lugar al recurso de la defensa y revocó la resolución que llamó a la audiencia preliminar para el 28 de febrero próximo.
Dice el magistrado que la Sala Constitucional primero debe expedirse en la excepción planteada por la defensa para luego poder realizar la preliminar.
el caso. El Ministerio Público acusó al senador Javier Zacarías Irún y a su esposa, la ex intendenta Sandra McLeod, de supuesta declaración falsa en sus declaraciones juradas presentadas a la Contraloría.
Dice que el legislador omitió algunos inmuebles, mientras que la ex jefa comunal no declaró un préstamo que hizo de una cooperativa.
Tras la acusación, la defensa planteó la excepción de inconstitucionalidad, con el argumento de que la interpretación que hace la Fiscalía del artículo 243 del Código Penal, que pena la declaración jurada, es inconstitucional.
Afirma que ninguna persona puede declarar en contra de sí misma, por lo que mal podría usarse la declaración jurada para un delito.
De la excepción, ya se corrió traslado a la fiscala del caso. Después, se correrá vista a la Fiscalía General del Estado para finalmente elevar el expediente a la Sala Constitucional de la Corte para su resolución.