Cuando todavía no superamos la pandemia del Covid-19 y precisamente en momentos en que las autoridades de Salud anuncian que está próxima la cuarta ola de contagios, ha comenzado a notarse el aumento de los incidentes de tráfico: los accidentes y las agresiones violentas hacen que más del 90 por ciento de las camas del Hospital de Trauma estén ocupadas.
Durante el fin de semana atendieron a 267 víctimas de siniestros viales, de las cuales 185 iban en motocicletas, y el director de dicho centro asistencial, Agustín Saldívar, apuntó que las salas de Terapia Intensiva y Reanimación están ocupadas al tope y en estos días los pacientes amanecen en los pasillos esperando ser trasladados.
Una de las novedades respecto a años anteriores es el angustioso escenario que viven los profesionales de Trauma: la gran cantidad de pacientes menores de edad que, según Saldívar llegan a la emergencia debido a la imprudencia de sus padres, quienes los trasladan en motocicletas.
El profesional dijo que el 80 por ciento de los menores sufren traumatismos de cráneo debido a los golpes que recibieron. Del total de 185 motociclistas que llegaron al centro asistencial, se encuentran 13 niños que viajaban en compañía de adultos, sin protección como es el uso de casco. “Las edades asustan, porque los otros menores son de 3, 4, 6 y 9 años”, dijo angustiado el doctor Saldívar.
Una de las primeras secuelas es la parte económica. Si bien la institución cubre gran parte de los gastos, los familiares de las personas accidentadas que son llevadas al hospital deben gastar entre G. 300.000 a 400.000 como mínimo. Esto es negativo para ambas partes, pues los fondos públicos deben cubrir todas las necesidades que se generan.
Por otra parte, desde hace años el Observatorio Vial, Estadísticas y Registro de Datos de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, en nuestro país, viene reportando que los accidentes de tránsito se encuentran entre las principales causas de muerte; los expertos apuntan al exceso de velocidad como uno de los principales factores de riesgo, sobre todo debido al hecho comprobado de que existe una débil percepción del peligro que supone no respetar las normas viales, aumentada por otro hecho lamentablemente comprobado que es la impunidad que existe. Prueba de ello es la imagen que se observa por las calles y las rutas de familias enteras viajando sobre una moto, poniendo en grave riesgo sus vidas y particularmente la de niños pequeños.
Hace unos años se calculaba que cada accidentado grave le cuesta al Sistema de Salud Pública aproximadamente 70 millones de guaraníes, y a sus familiares unos 13 millones. Los pronósticos señalaban que entre el 2020 y el 2030, en cada casa habrá un discapacitado permanente por accidente de tránsito. Por el momento, los más aciagos pronósticos se están cumpliendo, es hora por lo tanto de que las instituciones del Estado tomen medidas más estrictas y mejor articuladas.
Nuestro país dispone de todos los instrumentos legales para realizar el control y la prevención, esto es, policías municipales de Tránsito, Patrulla Caminera, Policía Nacional, Fiscalía y juzgados, sin embargo es más que evidente que la labor de ninguna de estas instituciones ha tenido los resultados esperados. A la vista están las cifras de accidentes.
Se debe terminar de una vez con la irresponsabilidad de quienes consideran que vale todo en la calle y en las rutas, pero no se podrá terminar con esta cultura de la irresponsabilidad si antes no se combaten la corrupción y la impunidad. El Estado paraguayo no puede solamente seguir destinando sus recursos para asumir el cuidado de los accidentados, cuando debería atacar la raíz del problema y enfocarse en las labores de prevención.
