Como plantados en una cita quedaron los miembros de la Comisión Permanente del Congreso luego del vacío del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y del juez contra el Crimen Organizado, Osmar Legal, ambos convocados por el caso del Lalo Gate, que desnudó todo un entramado de tráfico de influencias, corrupción y vínculos con el narcotráfico que salpicaron a fiscales, jueces, legisladores, ministros del Poder Ejecutivo y ex autoridades.
Tanto Rolón como Legal enviaron notas excusándose y argumentando falta de obligación constitucional, lo que provocó la indignación y duras críticas de los legisladores, que ya venían de cuestionar el trabajo de ambas autoridades, como se pudo escuchar en la reciente sesión cuando se aceptó la renuncia del ahora ex diputado Orlando Arévalo. El presidente de la Comisión Permanente, el diputado colorado cartista Miguel Del Puerto, lamentó la ausencia de los invitados, subrayando que se trata de un caso que interesa no solo a los parlamentarios, sino que a toda la ciudadanía.
“Nos hubiera gustado recibirlos y escuchar los detalles que pueden brindar. Vamos a esperar que la Fiscalía haga lo que corresponde y actúe con todo el peso de la ley”, dijo.
Las críticas fueron duras por parte de los parlamentarios, los afines al cartismo más contra el juez Osmar Legal, y los opositores y colorados disidentes más contra el fiscal general del Estado.
Desde el cuestionamiento por el desaire que ambos dieron a los legisladores, hasta por el pobre trabajo, y mucho menos resultados, que han mostrado hasta ahora ambos, giraron los discursos.
Destacaron que la única medida tangible hasta ahora la dieron los diputados con la renuncia de Arévalos, mientras el resto sigue igual.
Confirmamos que, en su ámbito, el intocable (por Osmar Legal) difunde noticias, pero no se anima a explicar. Dionisio Amarilla, senador.
Lamento el desplante del fiscal general... No ordenó la colección de pruebas y es un daño irreversible. Eduardo Nakayama, senador.
El fiscal general estuvo hace 20 días, ¿por qué hoy no? La gente espera respuestas y, ¿qué soluciones vamos a dar? José Oviedo, senador.
El fiscal debía explicarnos por qué no está tomando acciones inmediatas sobre sus fiscales implicados. Santiago Benítez, diputado.
Estas filtraciones se dieron fuera del marco legal y procesal... El juez Legal debió comunicar a todas las partes. Édgar Olmedo, diputado.
Este es un desaire del fiscal general y del juez Legal... Creo que esta investigación está bastardeada por culpa del juez. Juan Carlos Galaverna
senador.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y el juez contra el Crimen Organizado, Osmar Legal, argumentaron los artículos 192 y 193 de la Constitución Nacional para justificar la ausencia a la convocatoria de la Comisión Permanente del Congreso para tratar el caso Lalo Gate. El primer artículo señalado refiere que los pedidos de informes y, el segundo, sobre la citación en carácter de interpelación, donde se observa que son potestades de las Cámaras del Congreso, y no se habla de la Comisión Permanente, también señalados en el dictamen de la asesoría jurídica del Senado que había solicitado en su momento el líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara Alta, Natalicio Chase. Rolón y Legal enviaron notas a la Comisión Permanente del Congreso manifestando que no asistirían a la convocatoria que fue aprobada la semana pasada. En el caso del juez Legal, detalló que pidió, además, un dictamen a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia, en el que el director interino, el abogado Gustavo Gorostiaga, le recomendaba declinar de la invitación por estar “vedado constitucionalmente a asistir a la convocatoria”. En la nota del fiscal general, a los artículos constitucionales citados y expresados en el mismo sentido que Legal, le sumó la imposibilidad de asistir a causa de que también ayer fueron entregadas a la Fiscalía las copias del contenido de los teléfonos del abatido diputado Lalo Gomes y de su computadora.
