El Estado actual del déficit fiscal es el resultado de un comportamiento irresponsable del Parlamento, en el que primaron intereses particulares por encima de los intereses nacionales.
El aumento de los gastos sin un similar incremento de los ingresos que los financien ha llevado a poner en peligro el equilibrio fiscal, mostrando las dificultades actuales que tiene el país para financiar con recursos genuinos las políticas públicas.
El Congreso tiene una responsabilidad fundamental en el Presupuesto público, que es el principal instrumento de la política fiscal. No puede diseñar políticas por la vía presupuestaria ni aumentar los gastos sin considerar los ingresos necesarios para solventarlos. Cualquiera de las dos acciones distorsiona el Presupuesto, haciéndolo deficitario e ineficaz.
La situación empeora si consideramos que una parte importante del déficit se debe al incremento de los salarios sin considerar una reforma del servicio civil que vincule el aumento de remuneraciones con mejores resultados. En comparación con otros países de América Latina, actualmente Paraguay se encuentra entre los que mejor remuneran a los funcionarios públicos, pero los que peor resultado tiene. Esto es así porque el aumento salarial se produjo de manera discrecional, sin considerar cambios que garantizaran un camino hacia la meritocracia.
Adicionalmente al problema económico y de incentivos perversos se agrega el impacto político. En medio de un déficit público, con alto nivel de endeudamiento, sin espacio fiscal para insumos y otros recursos imprescindibles en la gestión de las políticas públicas, un aumento salarial no necesariamente se traduce en calidad de los servicios.
Una de las razones por las cuales el gasto público es ineficiente tiene que ver con el rol del Parlamento en la asignación presupuestaria, sin considerar que cada programa presupuestario debe contar con información suficiente para conocer a cabalidad cuáles son los rubros que deben incluirse y en qué montos.
Los parlamentarios no cuentan con esa información ni con asesores capaces de proveer análisis rigurosos en tal sentido. Para eso está el Poder Ejecutivo, con sus ministerios y secretarías con competencias para planificar, diseñar y evaluar las políticas públicas, con base en evidencia empírica seria.
EL proceso presupuestario siempre ha sido un aspecto crítico para el desarrollo y la gobernabilidad del país. La política fiscal es el principal instrumento que tiene el país para reflejar el interés de las autoridades por el bien común; pero a la vez es el que mejor muestra la irracionalidad de las autoridades y políticos.
Actuar con ligereza e irresponsabilidad significa menospreciar el fundamental rol del Parlamento como representante de la ciudadanía y, sobre todo, viola principios básicos de una democracia representativa al no responder a quienes le votaron. Los parlamentarios son representantes del pueblo y, por lo tanto, deben garantizar que el Presupuesto refleje el interés nacional y no los intereses particulares de grupos minoritarios y privilegiados.
Las ampliaciones solicitadas por fuera del proyecto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas deben ser consideradas con mucho cuidado y, de ser aceptadas, incluirse la fuente de financiamiento adicional. Cuando se señala adicional es una mayor recaudación y no la reasignación de los gastos. No puede seguir ampliándose el Presupuesto a costa del gasto en alimentación, salud, educación, agua y saneamiento, protección social, entre otras funciones estatales que impactan de manera directa en la población.
