A través de un comunicado, este jueves el Partido Comunista Paraguayo lamenta que ninguna de las autoridades responsables se haya hecho cargo “del crimen de lesa humanidad” contra dos niñas de 11 años, en Yby Yaú, Departamento de Concepción.
Los miembros del partido señalan que “superando la más trágica sátira”, por el contrario han sido imputadas personas que se manifestaron en repudio a este hecho.
“Entre los incriminados, se acusa de no usar tapabocas mientras daban sus discursos en un acto de protesta, a un reconocido poeta de 82 años y a una referente de los DDHH y del Partido Revolucionario Febrerista, ambos perseguidos durante la tiranía militar fascista, como una tenebrosa analogía reforzada por la actual presidencia del hijo de quien fuera miembro del inefable cuatrinomio de oro stronista, Mario Abdo Benítez”, indica el escrito.
Agrega que la mafia tiene secuestrado al Estado paraguayo, y que emplea todos sus aparatos para perseguir, reprimir, encarcelar, asesinar y desaparecer a “quienes han osado cuestionar su criminal proceder, y especialmente a quienes han decidido luchar para construir una sociedad más humana y democrática”.
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El Partido Comunista advierte que las prácticas represivas vuelven a endurecerse en estos tiempos de crisis agudizada por la pandemia y por los niveles de explotación, saqueo, despojo y destrucción de la naturaleza a los que ha llegado el sistema capitalista.
Sostiene que la Fuerza de Tarea Conjunta genera miedo y dolor atropellando hogares campesinos, criminalizando la organización social, abusando de mujeres, amenazando niños.
“Como ejemplo tangible del verdadero objetivo que cumplen, la familia de las niñas asesinadas recientemente asegura que antes fueron torturadas y luego vestidas con uniformes militares para presentarlas como falsos positivos que permitan justificar el millonario presupuesto de la FTC y su criminal actuar”, denuncia.
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El pronunciamiento argumenta que se ha mentido sobre las edades, se destruyeron pruebas, las enterraron sin ser identificadas y sin haber realizado los trabajos forenses correspondientes para determinar con exactitud las posibles circunstancias de las muertes.
“Y por su parte, el instrumento inquisitivo de este Estado secuestrado, la Fiscalía, se ha encargado de ocultar a los responsables del infanticidio y de castigar a manifestantes, para desviar la atención y a la vez aleccionar a la sociedad entera”, alega el comunicado.
En ese sentido, hacen un llamado a todas las personas y organizaciones sociales y políticas del campo democrático, a repudiar la repetición de prácticas stronistas que perduran precisamente porque sus operarios se mantienen impunes.
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“Nuestra plena solidaridad con Miguel Ángel Fernández, Diana Bañuelos y todas las perseguidas y perseguidos políticos. Debemos frenar la escalada represiva imponiendo un ¡Nunca más al Terrorismo de Estado!, en el marco de las luchas justas por trabajo, libertad sindical, seguridad social, jubilación, tierra, educación y salud”, añade.
Finalmente, abogan a que el debate en los centros de trabajo, lugares de estudio, barrios, comunidades y chacras, debe centrarse sobre lo que significa este continuismo de la mafia en el poder, colocando entre los objetivos, “el juicio y castigo a torturadores y saqueadores de tiempos del stronismo, con la recuperación de bienes y tierras malhabidas”.
La muerte de las dos niñas tras el procedimiento de la FTC ha generado que el Gobierno sea blanco de críticas por haber promocionado el operativo como exitoso y haya presentado a las menores como abatidas, sin que se haya dado con ningún cabecilla del grupo criminal.