Que el transporte público en manos privadas en Paraguay es una de las mejores muestras del fracaso de la alianza público-privada, no caben más dudas. Tampoco hay lugar a discusiones en cuanto a que la suba del pasaje (a 2.400) –hasta ahora sin decreto conocido– es poco transparente e injusto contra la población. En lo que sí hay desconocimiento, y, por ende, es más fácil de manipular, es en lo que respecta al subsidio al boleto que es defendido o cuestionado, según el sector al que se pertenezca.
Partamos de la premisa de que el empresario transportista, jamás –jamás– pierde, siempre, a lo sumo, gana menos, ni siquiera empata. Si no le fuera rentable el negocio, sencillamente no seguiría en él, y todos sabemos que les encanta estar en el rubro.
Mucho de esto es porque en varias de las empresas explotan a los trabajadores con horarios de esclavos que van hasta 16 horas corridas diarias, no se les paga el mínimo salarial y evaden el pago a la seguridad social de IPS. Lo que resta, les llega de lo que obtienen por pago del boleto a los usuarios basándonos en datos mentirosos, a medida del empresario y a cálculos amañados, que no reflejan la realidad del volumen de pasajeros, con complicidad de los organismos de fiscalización del Estado y mediante la circulación de unidades que deberían descansar en los desarmaderos por estar fuera de su vida útil y por representar riesgo físico o de vida al usuario, por exposición al peligro.
En esta situación, el argumento de que trabajan a pérdida y alientan que el pasaje suba a más incluso de 2.800, constituye un preanuncio de estafa a la gente. Lo otro es que el subsidio que recibían, no era otra cosa que imponer la misma carga del aumento sobre el usuario, pero de modo indirecto, usando su dinero entregado como impuesto al Estado. Y esta no es la solución, sino es dilatar el problema. En esa misma línea debería eliminarse el subsidio a la soja que, lejos de beneficiar a la población o al país, rinde extraordinarios beneficios a los productores con la plata de todos.
Lo que corresponde es que el pasaje vuelva a G. 2.000, en tanto el Estado haga un estudio real sobre el costo del boleto –que según algunos técnicos debería ser inferior incluso–; exigir que los empresarios paguen la multimillonaria estafa al BNF y ponerse serios en las exigencias laborales y técnicas con las empresas para mejorar el servicio y las condiciones de prestación. Y si todo eso no representa una mejoría, estatizar el transporte público.