Esto porque en marzo se cumple un año de la promesa de pavimentación por parte del Poder Ejecutivo y, aunque la obra fue adjudicada, no se ha firmado el contrato con las empresas hasta la fecha, según las denuncias. Las molestias se generan porque la calle de tierra se vuelve intransitable por el deterioro.
Celso Cáceres, uno de los vecinos, afirmó que los intendentes municipales y concejales de ambos municipios se callaron, luego de que en diciembre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicara las obras en lotes que abarcarán vías de Caazapá, Itapúa y Alto Paraná, en el límite entre los departamentos.
“Si en esta primera quincena no hay resultado, el grupo de autoconvocados se van a manifestar porque la comisión Proasfalto, integrada por autoridades al parecer no va a promover nada”, afirmó.
El vecino refirió que existe un tramo de al menos 18 kilómetros de caminos de tierra que había sido arreglado con maquinarias de la Municipalidad, con recursos de la Comuna de O’Leary, pero que con la primera lluvia ya quedó totalmente destrozado.
El problema en dicho sector es la cantidad de vehículos, como automóviles, motocicletas y camiones de gran porte que se desplazan por la calle vecinal, que en tiempo de sequía produce una nube de polvo, pero que con las lluvias rápidamente destrozan el camino de tierra.
En lo que corresponde a O’Leary, los pobladores son productores hortigranjeros y necesitan sacar sus productos para exhibirlos en la feria semanal realizada en Ciudad del Este o trasladarlos a otros mercados del país. Mientras que los habitantes de San Cristóbal, en gran parte, son de cultivos extensivos.
La movilización realizada hace un año entre pobladores de ambas localidades del Alto Paraná había sido motivada por las promesas incumplidas por el Gobierno anterior sobre la pavimentación del tramo.
Luego, también en marzo de 2024 el propio presidente de la República, Santiago Peña, anunció que se va a pavimentar la ruta. Recién en diciembre último, el MOPC consiguió adjudicar la obra.
Se anunció la adjudicación de un paquete de 6 lotes por Licitación Pública Nacional N° 87/2024, que incluyó el pedido de los altoparanaenses.
Desde ese anuncio ya transcurrieron dos meses y los vecinos dudan nuevamente de las autoridades y temen que su clamor quede en el oparei.
