En el kilómetro 40 de la ruta PY03 Gral. Elizardo Aquino, en la ciudad de Emboscada, se encuentra el servicentro del presunto narcopastor José Alberto Insfrán Galeano, quien abandonó a su rebaño y se dio a la fuga al iniciarse la operación antidroga A Ultranza PY.
La gasolinera, que ya operaba con el emblema Petropar, fue adquirida poco tiempo atrás por la empresa El Porvenir SA, del clan Insfrán.
Este clan, según los investigadores, es liderado por Miguel Insfrán, alias Tío Rico, hermano del pastor, también requerido por la Justicia.
De acuerdo con un Estudio de Impacto Ambiental Preliminar que la firma El Porvenir SA presentó en el 2021 al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), proyectaba ampliar la construcción en el lugar con la instalación de un lavadero. Resalta en el documento la fuerte inversión de USD 225.000 que realizó la empresa.
El pasado 7 de marzo, una comitiva fiscal y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) allanó este servicentro en el marco de la operación A Ultranza PY. Unos días después, en prosecución de la operación antidroga, se incautó en Juan de Mena un camión de gran porte, tipo cisterna, con el logo de la petrolera estatal, propiedad del clan Insfrán.
También integra el clan Yolanda Ignacia Insfrán Galeano. Según las investigaciones, junto con su hermano, el pastor prófugo, conformaron un bloque dedicado al blanqueo de capitales. Ambos cumplían roles en carácter de administradores y testaferros de empresas que funcionaban como fachadas para ingresar activos ilícitos al sistema financiero.
Un informe filtrado de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) de la Senad, con fecha 21 de febrero de 2022, dirigido al fiscal Deny Yoon Pak de la Unidad Penal N° 7 Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico, detalla que la firma El Porvenir SA –operador de Petropar– disponía de equipamientos como para modificar fácilmente estructuras de vehículos y acondicionarlos con sistemas de doble fondo.
José Insfrán, propietario de El Porvenir SA, es además el fundador y pastor de la Iglesia Centro de Convenciones de Avivamiento (CCA) con sede en Curuguaty, Canindeyú, también allanada en el marco de la operación A Ultranza PY. “Las costosas construcciones y grandes eventos de índole religioso servían para inyectar dinero mal habido en el circuito financiero local”, habían detallado los investigadores.
El ex diputado Juan Carlos Ozorio participaba de los cultos en la iglesia del pastor Insfrán. Era habitué del lugar y conocía muy bien al hoy buscado por la Justicia.
Ozorio renunció a su banca en la Cámara Baja y fue llevado a prisión, tras la filtración de audios suyos que develaron sus vínculos con el narcotráfico.
Los Insfrán tienen orden de captura nacional e internacional. Hasta ahora son 12 los involucrados en el esquema delictivo que pudieron ser capturados.
Durante los procedimientos se incautaron bienes por valor de más de USD 100 millones. Más de 60 inmuebles entre casas y estancias, 200 vehículos, embarcaciones, aviones y más de 5.000 cabezas de ganado vacuno fueron entregados para su administración a la Senabico.
La investigación asoció a Miguel Tío Rico Insfrán con Sebastián Enrique Marset Cabrera. Juntos, de acuerdo con el informe de inteligencia filtrado, conformaron toda una ingeniería de tráfico internacional, que permitía el tránsito de grandes cantidades de droga.
Ambos son considerados en la investigación cabecillas de la organización que introducía cocaína desde Bolivia a nuestro país, donde se acopiaba para su posterior envío a Europa o África. Tanto Insfrán como Marset poseen orden de captura internacional, con notificación roja de Interpol.
