Patente de corso y sofisticación

Sus palabras son un preciso escalpelo a la hora de analizar la coyuntura política. Sin floreos y directo al corazón del problema, la historiadora Milda Rivarola evaluaba hace días en este diario el comportamiento escandaloso del Congreso con sus privilegios con desprecio absoluto de la racionalidad política.
Explicó someramente el fenómeno Horacio Cartes desde su incursión a la política y su relación con la vieja estructura colorada. Corto de palabras, pero pragmático en las acciones, el tabacalero recurrió a la eficacia de la billetera, primero, y ahora, en su segundo mandato por vía indirecta, a la canilla libre del Estado para que la corrupta clase política concentrada en el Poder Legislativo apruebe sin chistar los proyectos enviados por el presidente Santiago Peña.

Con un modelo similar a lo que sucedía en el siglo XVIII con la “patente de corso”, una figura por la que el rey otorgaba permisos legales a los piratas para atacar y robar los barcos comerciales y puertos de sus enemigos. “Lo que hizo el cartismo es darle virtualmente, no un papel, el privilegio de la patente de corso. O sea, usted apoya mi proyecto, no discute mi proyecto, apoyan rápido y pasan todas las leyes y presupuestos que yo mando”, comparó Rivarola.

Solo que aquí, los piratas no atacan al enemigo externo, sino a su propio pueblo, perforando el único barco de bandera nacional cuyo hundimiento se empecinan en lograr.

Con Peña como ahijado político, Cartes recuperaba el poder con la tecnocracia en el Ejecutivo como apariencia principal y un Legislativo repleto de piratas como soporte secundario, a los que se sumaron algunos corsarios liberales y ex payistas como nuevos bucaneros, más angurrientos y con menos escrúpulos que los piratas conocidos a cuyos asaltos el pueblo ya está acostumbrado. Su paso por el poder le hizo comprender cómo se mueve la tropa.

La política de hoy carece de valores y principios. Solo conoce el idioma del comercio a través de los negocios del Estado y los trueques de la corrupción pública debido a la debilidad institucional.

LA TRINIDAD. El poder cartista es una triada: La tecnocracia con Peña, el ministro Fernández Valdovinos y otros funcionarios que representan a la casta académica (antes estaba la jefa de Gabinete Lea Giménez luego desafectada en forma violenta). En otra arista, el Congreso, la casta corrompida, con hegemonía absoluta del cartismo en función de la co-optada disidencia abdista y los satélites opositores. En el centro de la trinidad, Horacio Cartes, cuyo poder ni siquiera se simboliza en la presidencia de la ANR, sino en su quincho particular donde se toman las decisiones más importantes. La institucionalidad ni siquiera para disimular.

En este contexto, el área técnica del Poder Ejecutivo diseña las reformas que envía al Legislativo para que los apruebe a tambor batiente, anulando la esencia misma del Parlamento que es el debate. No hay mucho cuestionamiento a este modelo porque el oficialismo carece de “intelligenzia” legislativa para defender intelectualmente las posiciones. Por ello, todo pasa como por un tubo, atropellando, anulando voces disidentes.

Así sucedió con la Caja de Jubilaciones, la creación del Ministerio de Economía. Otras reformas alineadas a la visión de copamiento y debilitamiento institucional como la nueva ley de la Policía; el puenteo a la Contraloría en abierta contradicción con el plan anticorrupción; la mutilación de la ley de conflictos de intereses, facilitando las puertas giratorias y cuyo ejemplo claro se vio con el caso del Banco Ueno y el IPS (donde tiene intereses el presidente Peña y otros altos funcionarios del Estado). El plan Hambre Cero de merienda escolar con la que discriminaron aviesamente al gobernador de Central por ser liberal. Son algunas de las acciones más sofisticadas con fachada de grandes reformas, pero que apuntan a consolidar el modelo hegemónico con tufo autoritario.

Ahora está en debate en el Congreso la ley de la Función Pública, que según expertos tampoco es una reforma sino apenas una mejora porque no combate la problemática fundamental del servicio civil, que es el caos administrativo, la ineficiencia y la corrupción. Esta ley quizá sea la concesión más escandalosa del Ejecutivo al Congreso que no tendrá obstáculos para seguir nombrando nepobabies con salarios astronómicos profundizando la desigualdad en la escala salarial del Estado. O la indiscriminada contratación sin concurso de operadores. Como lo hizo hace poco Bachi Núñez, nombrando a 455 de un plumazo “porque es su atribución”. Es en este tema donde mejor aflora la hipocresía del oficialismo cuando señala que combatirá la corrupción, pero no ataca el cáncer que mayor daño hace al Estado: el alto gasto de salario público que carcome el mayor porcentaje de los recursos.

El viernes a la noche, aprovechando la atmósfera de euforia de la hazaña de la Albirroja que superó a la campeona del mundo, Peña decretó la agonía de la sociedad civil con la promulgación de la ley contra las ONG. Él, que se animó a manifestar públicamente su contrariedad con esta ley cuyo impacto ha sido cuestionado en el mundo, finalmente no pudo ejercer su derecho al veto ratificando una vez más su fragilidad ante el ala autoritaria del cartismo que no tiene empacho en evidenciar que es apenas un gerente.

En el horizonte de las aguas turbulentas no se vislumbra esperanzas. Todo indica que los piratas seguirán con sus tropelías amparados en sus patentes de corso, mientras la soberbia tecnocracia, con maquillada sofisticación, pretende convencer de que hay vientos de cambio.