Paraguay sigue en deuda en cuanto a paternidad responsable. Una investigación sobre la asistencia alimentaria y su vinculación con el derecho a la protección de niñas, niños y adolescentes en Paraguay revela que en el 2015 se registraron al menos 7.400 solicitudes de juicios de asistencia alimenticia, según datos estadísticos de la Corte Suprema de Justicia.
Esto incluye demandas de asistencia alimenticia prenatal, aumento o disminución de asistencia alimenticia y asistencia de parientes.
El estudio fue elaborado en el marco del Programa de Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid/Paraguay), e implementado por el Centro de Estudios Sociales y Ambientales (Ceamso).
Destaca que el derecho a la asistencia alimenticia abarca no solamente la alimentación propiamente dicha, sino la cobertura de todas las necesidades de salud, de educación, de protección, recreación, entre otras, que las niñas, niños y adolescentes necesiten para su mejor desarrollo.
El informe indica también que los resultados del estudio realizado por la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial, en marzo del 2017, a pedido de la Corte (denominado Auditoría en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia sobre Juicios de Asistencia Alimentaria), revelaron que transcurren 477 días desde el inicio de la demanda de filiación (cuando la niña o el niño no fue aún reconocido por el progenitor), pasando luego por el proceso judicial de la solicitud misma de asistencia alimenticia, hasta llegar a la efectividad del derecho mediante la ejecución judicial de la sentencia que fija la cuota alimentaria (cuando el demandado no la abona por voluntad propia).
El estudio resalta además que es significativa la cantidad de madres que demandan asistencia alimenticia en relación con los padres. Esto resulta en que son más las mujeres que asumen solas los roles de cuidado de sus hijos e hijas.
Agrega que la mayoría de las demandas promovidas por padres, no convivientes, son de ofrecimiento y/o disminución de asistencia alimenticia.
Y si bien son datos solo de Juzgados de la capital, también llama la atención que apenas el 2% inicia demandas por prestación durante el embarazo.
La escasa educación sobre los derechos del niño, de protección sexual y la cultura imperante provocan que las mujeres deban mendigar asistencia para sus hijos.
Para lograr un mayor compromiso de los padres, es necesario encarar una campaña que comience en la escuela y se profundice en la educación media, acompañada de educación sexual y reproductiva.
Un niño no puede esperar más de un año a que se resuelva en instancias judiciales si le corresponde o no ser asistido y a cuánto ascenderá el monto que recibirá mensualmente.
Por ello, es necesario enfatizar las campañas sobre la necesidad de que los dos progenitores se hagan cargo del menor en igualdad de compromiso, de manera de lograr el bienestar integral de la criatura.
Continuar postergando la discusión sobre la necesidad de mayor educación sexual y reproductiva solo seguirá ocasionando daños a los menores. Además, la Justicia debe encontrar mecanismos que agilicen los procesos de asistencia alimentaria, de manera que la seguridad del menor no se vea quebrantada.