El liberal Enrique Salyn Buzarquis se había comprometido a impulsar la expulsión de ZI, pero no lo hizo.
Entre las causales, que figuran en el documento de 24 páginas, se alega el uso indebido de influencias y la incompatibilidad del cargo.
El ex intendente de Ciudad del Este no tuvo empacho en votar por la expulsión de sus ex colegas, y ahora le toca estar en el banquillo de acusados.
Pesan sobre él un serie de irregularidades y fue imputado junto con su esposa Sandra McLeod, e incluso varias veces desaforado.
Recientemente, ante la presión, primero decidió hacerse a un lado del caso de Efraín Alegre en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pero al final renunció.
Georgia Arrúa, de Patria Querida, anunció la presentación del proyecto, y de paso hizo referencia a la potestad del Senado para aplicar la pérdida de investidura.
“Quieren poner en duda la potestad que tiene el Senado de actuar como juzgado para señalar la mala conducta de sus pares”, cuestionó.
“No tenemos la más mínima duda de la atribución que está establecida en la Constitución. No podemos abrir mano como institución, lo que hacemos es debilitar”, manifestó la senadora.
Solicitó que el proyecto de resolución sea remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales. “Que estudie y que analice, que se le dé el trámite que corresponde y dictamine”, remarcó.
Volvió a meter el dedo en la llaga al reclamar que no se haya dictaminado el pedido de pérdida de investidura de Rodolfo Friedmann, que por ahora quedó en suspenso.
El titular del Congreso Óscar Salomón confirmó que el proyecto fue girado a la comisión, y que apenas se dictamine se incluirá en el orden del día de alguna sesión.
detallado. El proyecto está respaldado por una serie de notas, documentos y conexiones que tiene Zacarías Irún.
En la causal sobre el uso indebido de influencias se menciona el mandato a funcionario público a realizar actos de frustración de investigación judicial.
Además, se incluye la utilización de recursos públicos para provecho propio.
Sobre la incompatibilidad se hace referencia a la actuación oficiosa de administrador de la Municipalidad de Ciudad del Este, en paralelo al ejercicio del cargo de senador de la República.
PQ remarca que el juicio de pérdida de investidura parlamentaria es de contenido eminentemente político y que no debe ser confundido con el tráfico de influencias, tipificado en el Código Penal.
“No podemos ser cómplices con nuestro silencio ni indiferentes a lo que vemos claramente que está sucediendo”, se argumenta.
“No podemos hacer oídos sordos al clamor de la ciudadanía que exige de sus representados una conducta honorable y que rechaza que la legislatura siga siendo usada como un escudo para delinquir o cometer fechorías”, indica el proyecto.
“Tenemos la obligación de poner límites a los abusos y corregir a nuestros pares, que errada y vergonzosamente pretenden pasarse de listos, utilizando el sagrado cargo y el poder del cual somos investidos para provecho propio y como escudo de impunidad”, se señala.
