04 jun. 2025

Pavo Real: Suspenden preliminar

La audiencia preliminar del caso conocido como Pavo Real I, prevista para ayer miércoles, fue suspendida por un recurso planteado por el acusado Daniel Montenegro, ex esposo de la fiscal Katia Uemura.

El juez de Crimen Organizado, Osmar Legal, a raíz del recurso, suspendió la audiencia preliminar para los 24 acusados.

La Fiscalía solicita elevar a juicio oral y público para todos ellos, porque supuestamente forman parte del esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico, que lideraba el brasileño Jarvis Chimenes Pavão.

La causa tiene una segunda parte, denominada Operativo Pavo Real II, relacionado con el diputado Eulalio Lalo Gomes, aún en la etapa inicial.

Más contenido de esta sección
Por extemporáneo, el Tribunal de Apelación Multifuero de Amambay rechazó el recurso contra la resolución del pasado 23 de abril del juez de Garantías, Juan Martín Areco, que había desestimado el caso que investigaba la muerte del diputado Eulalio Lalo Gomes.
El pleno de la Corte aceptó la renuncia del juez de Paz de Lambaré, José Segundo Velázquez, y del defensor público, Gustavo Daniel Núñez, ambos suspendidos en sus cargos; el primero por su presunta vinculación con la mafia de los pagarés, y el segundo por haber cobrado sus servicios de forma irregular.
En el inicio del juicio oral del ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, y el empresario Alberto Koube por lavado de activos y otros hechos, la Fiscalía solicitó la inclusión del expediente y la acusación del caso A Ultranza Paraguay, que habían sido excluido en la preliminar.
Una cajera habría aprovechado su posición para anular comprobantes y desviar un total de G. 85 millones, según quedó comprobado en juicio. Con este juicio, es la segunda vez que se le juzga a la acusada. Anteriormente había sido absuelta.
Una familia de escasos recursos de Presidente Franco denunció el desalojo irregular del que fue víctima, de la vivienda que habitaba, construida por la Secretaría de Acción Social (SAS) mediante el programa Tekoha. Mencionaron que la vivienda aún no está titulada y que el territorio pertenece al Ministerio de Desarrollo Social.
Con una nota dirigida al Ministerio de Economía, los funcionarios públicos –activos y jubilados– podrán solicitar que se detengan los descuentos voluntarios que alguna vez se admitieron. Harán un modelo de escrito y lo difundirán.