Para la defensa de Javier Díaz Verón, imputado por enriquecimiento ilícito, no deja de llamar la atención la “medida extrema” que tomó la Fiscalía General de la República.
El abogado Mario Elizeche consideró que, más allá de las implicancias jurídicas, esta orden de captura corresponde más a un caso de “pase de factura” por parte del “verdadero círculo de poder que actualmente administra el Ministerio Público”.
Si bien no se animó a citar nombres, aseguró que el “trabajo sucio” quedó en manos de la fiscala Estefanía González.
“Tiene un componente político, y yo creo que Díaz Verón habrá pisado algún callo que, de alguna manera, disgustó a las personas que tienen el poder de decisión”, alegó en contacto con radio Monumental 1080 AM.
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Sin embargo, aseguró no saber los motivos específicos que impulsan a que estas personas quieran ver tras las rejas a su cliente.
“Hoy, él no representa peligro para nadie. Es un hombre que hasta ayer tenía una vida normal, no sé qué peligro puede representar para la estructura de poder”, apuntó.
Con relación al informe presentado por la fiscala, Elizeche sostuvo que las cifras no coinciden con el informe pericial con el que cuenta la defensa. Según expresó, se manipuló el tratamiento del informe pericial y se incorporaron pruebas a espaldas de la defensa.
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Informe del Ministerio Público
El ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y su esposa, María Selva Morínigo de Díaz, fueron imputados por no poder justificar ingresos que superan los G. 3.763 millones en conjunto.
La Fiscalía dio apertura a un proceso de investigación en el 2017, tras diversas publicaciones periodísticas contra el ex titular del Ministerio Público que revelaron supuestas irregularidades en su patrimonio.
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De acuerdo con el informe presentado por la fiscala María Estefanía González, el monto que Díaz Verón no pudo justificar es de G. 1.147.058.591, por lo que fue imputado por enriquecimiento ilícito.
De igual forma, su esposa María Selva Morínigo de Díaz, fue imputada por lavado de dinero, al no comprobar el origen de unos G. 991.548.266, por un lado, junto a otros G. 1.625 millones, por otro, depositados en efectivo y que fueron justificados como honorarios del 2013 al 2017.
La Fiscalía además investiga empresas de las que la pareja es accionista. La agente del Ministerio Público pidió informes de las firmas. No descartó que el monto no justificado sea mayor.
