Ha culminado este martes la tercera semana de las audiencias informativas que son organizadas por la Comisión Bicameral del Congreso, en el marco del estudio del proyecto de ley que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023.
Como viene sucediendo cada año, pese la insistencia del Ministerio de Hacienda de respetar los topes de ingresos y gastos, las entidades públicas “pechearon” a los parlamentarios adendas para cubrir sus necesidades varias.
Un recuento hecho por ÚH da cuenta que los pedidos de ampliación, por sobre la versión inicial presentada por el Ejecutivo, llegan hasta el momento a los G. 2,05 billones (USD 289,5 millones).
Estas solicitudes fueron hechas por seis instituciones: Ministerio del Interior, Policía Nacional, Instituto de Previsión Social (IPS), Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Defensa Pública y Universidad Nacional de Asunción (UNA). De este grupo, solo Interior y la Policía dijeron que dialogaron con Hacienda para obtener su venia.
En lo que será un nuevo año de elecciones generales para presidente, cargos legislativos y autoridades departamentales, el 52% de los reclamos de más presupuesto son para acrecentar el ya abultado gasto salarial. Esto equivale a G. 1,07 billones (USD 151,6 millones).
Entre estos se encuentran, por ejemplo, aumento de sueldos para jueces, actuarios, funcionarios administrativos y docentes, creación de 1.013 cargos, nombramiento de 1.315 contratados y pago de beneficios adicionales al salario, entre otros.
El resto de los pedidos van desde elementos tecnológicos para seguridad interna y sostenimiento del 911, hasta seguro médico, construcciones y servicios básicos (ver la infografía).
El PGN 2023 contempla un monto global de USD 14.454 millones, lo que incluye un déficit del 1,5% del PIB. Ese número, no obstante, terminará trepando a los USD 14.793 millones si el Legislativo da su visto bueno al incremento del saldo rojo hasta el 2,3%, como solicita Hacienda en el articulado.
En caso de que el Congreso acepte los pedidos de ampliación, el monto final podría terminar por llegar a los USD 15.082,2 millones.
Vía Hacienda. Además de estas seis entidades, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y Petróleos Paraguayos (Petropar) adelantaron que presentarán adendas vía Hacienda.
Sin embargo, en estos dos casos, como no se trata de acrecentar el gasto salarial ni se contempla el uso de recursos provenientes de impuestos, sino de las tasas propias que generan esas dos empresas públicas, el Equipo Económico tiene previsto incluirlos en su adenda que enviará en los próximos días. En el caso de la ANDE, sería para reasignaciones en tres rubros; mientras que Petropar sería para la compra de combustible.
Finalmente, otras entidades como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras hablaron de déficits presupuestarios por encima de los USD 1.200 millones en sus audiencias en la Bicameral, pero adelantaron que no pedirán ampliaciones.
151,6 millones de dólares es lo que aumentaría el gasto salarial público si el Congreso da luz verde a los pedidos.
Audiencias culminarán el martes
Las audiencias informativas organizadas por la Comisión Bicameral del Congreso culminarán el próximo martes con la visita de seis instituciones. En principio, debía culminar esta semana, pero ambas cámaras tuvieron sesiones extraordinarias que impidieron la continuidad por la tarde.
De acuerdo con el cronograma oficial, deben acudir a defender sus planes de gastos para el 2023 las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Ministerio Público, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Banco Nacional de Fomento (BNF), Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y Ministerio de Hacienda.
Tras finalizar las audiencias, la Bicameral pasa a las deliberaciones, con el fin de elaborar un dictamen antes del 1 de noviembre y remitir el PGN a Diputados.