Este lunes, Johanna Ortega presentará un urgimiento al juzgado para que se expida sobre la situación de desacato de la Municipalidad de Asunción, según adelantó a ÚH. La ex candidata por la intendencia refirió que la Comuna aún adeuda documentos que avalen el uso de unos G.16.000 millones del rubro 831 de Aporte a entidades con fines sociales y al fondo nacional de emergencia, con el que se realizaron las contrataciones directas de compras Covid-19.
“Solo un tercio de los documentos están disponibles, nosotros solicitamos por todo el fondo de emergencia del rubro 831, además figuran solo los de las compras Covid, en el amparo se refiere a todas las compras de ese periodo y por ese rubro”, explicó Ortega.
La causa que se encuentra en el juzgado de primera instancia laboral, tercer turno, aún no cuenta con una posición sobre el incumplimiento del amparo que beneficio a Ortega para la publicación de los documentos de las adjudicaciones en pandemia.
“Esperamos que la jueza decida qué hacer con relación al desacato dentro del plazo que se ordenó a la Municipalidad. Pero ya adelanto que la Ley 5282/14 prevé multas y prohibición para ejercer cargos públicos”, enfatizó Ortega. En cuanto a las acciones futuras, señaló que recurrirá a las instancias necesarias y que también esperan que se involucre el Ministerio Público.
La Comuna presentó los documentos pedidos vía amparo concedido el 11 de setiembre, el 5 de octubre, pasando el plazo de 10 días inscripto por el juzgado.
Los documentos debían incluir contrataciones del 10 de marzo al 31 de diciembre, medios de pago, contratos, facturas y documentos que respalden la idoneidad y solvencia de las empresas proveedoras de la Municipalidad de Asunción, bajo la administración de Óscar Nenecho Rodríguez.
MÁS INCONSISTENCIAS
Ortega señaló que conformó un equipo ciudadano para seguir analizando las inconsistencias de la rendición de cuentas de la Municipalidad de Asunción disponibles en data pública, que refiere también que está en falta, con una última actualización de ejecución presupuestaria de abril del año pasado.
“Encontramos desfasajes en el presupuesto, que está disponible solo hasta abril de 2020. Así, también en las compras por emergencia con el rubro 831, donde primero aparece un monto y después una ampliación, y luego no se encuentra la última cifra haciendo un desfasaje de unos G.3.000 millones”, compartió
Por otra parte, la próxima semana vencen los plazos impuestos a las empresas proveedoras y a la Comuna, en el marco de la investigación de la Secretaría de Estado de Tributación (SET) y la Contraloría General de la República.
La SET lleva el bloqueo del RUC de cinco de las diez proveedoras y espera respuesta de las otras cinco contratadas por la Municipalidad. El plazo para estas se cumplirá el próximo miércoles. Otro plazo que llega a su vencimiento a finales de este mes, es el de prórroga de entrega de documentos a detalle sobre las operaciones, pedido por la Contraloría General de la República.
Mientras que la denuncia en el Ministerio Público todavía no cuenta con fiscal.
