Existe un proyecto sobre conflicto de intereses, que contempla la prohibición de la puerta giratoria, que es cuando un alto cargo público va a una empresa privada, obteniendo beneficio de su anterior ocupación pública.
La propuesta, sin embargo, duerme en la Cámara de Diputados, sin contar siquiera con dictamen de comisión, por trabas principalmente de Honor Colorado.
Justamente, Pedro Alliana es uno de los principales referentes del cartismo, a quien se señala por el supuesto abuso de esta práctica. Varios ex directores del gobierno de Horacio Cartes ahora trabajan en sus empresas. Entre los casos están, Eddie Jara, ex presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), que forma parte del emblema Enex; junto con Enrique Galli Capurro, quien fue director en Petropar; Jorge Méndez, ex titular de la Industria Nacional del Cemento (INC), actualmente en la cementera de Cartes.
Asimismo, el ex ministro de Industria y Comercio Gustavo Leite es otro alto funcionario que giró al sector privado. Actualmente forma parte de HC Innovations como asesor. Mientras que el ex titular de Obras Ramón Jiménez Gaona es parte de Farmacenter.
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Previo a la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana dijo que aún se debate en Honor Colorado sobre el proyecto de ley prohíbe este tipo de prácticas. No obstante, aseveró que él no ve como un problema que personas que manejan información privilegiada del Estado pasen al sector privado.
“No veo eso como un problema. Ellos deben seguir trabajando. Seguramente no generó como generan otros ministros de otros gobiernos y tiene que trabajar”, expresó.
Alliana aseguró que sí un funcionario que hace buena gestión puede trabajar sin inconvenientes en el sector privado una vez que deja el cargo. Afirmó que esto incluso puede hacer “más competitivo” a los sectores.
Proyecto es ignorado en Diputados
El 29 de marzo de 2021 se presentó un proyecto de ley que define, previene y sanciona el conflicto de intereses, y amplía la Ley 5295/2014, que prohíbe el nepotismo en la Función Pública. Sin embargo, todavía no existe dictamen alguno de las comisiones de la Cámara de Diputados, dejando la normativa, poco conveniente, dormida en la burocracia.
Entre otros puntos, el proyecto señala que las personas que han ocupado cargos públicos no podrán, por el periodo de dos años, trabajar en una empresa del sector privado con la que mantuvo una vinculación directa o participó en contrataciones.
La ley también establece la declaración jurada de intereses de cada funcionario, incluyendo a sus familiares, para evitar un posible conflicto. Si no se presenta la declaración o se falsean datos, deberá pagar multa y será castigado con la prohibición de ocupar un cargo público por 10 años.
Del mismo modo, la propuesta presentada por el Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad, incluye la prohibición de nepotismo, es decir, ninguna autoridad pública podrá contratar directamente a un familiar.
