Durante la sesión extraordinaria los ediles señalaron que si bien la mudanza del vertedero municipal es necesaria, las condiciones no están dadas, ya que la empresa concesionaria, Empo Ltda. y Asociados, cuenta con impedimentos por ordenanzas del Municipio de Villa Hayes para trasladar el relleno sanitario desde hace cuatro años.
De aprobarse el proyecto, no habría mucha alternativa para disponer de la basura generada en Asunción y sería la competencia de la compañía, El Farol SA, la beneficiada, cuyo relleno sanitario opera en Villa Hayes.
El Farol y Empo protagonizan desde hace más de una década una serie de acusaciones y procesos judiciales.
El concejal Rodrigo Buongermini recordó la serie de últimos acontecimientos en torno a Cateura; dos incendios que denunciaron como intencionales, intervención del Ministerio del Ambiente, imputación al ex intendente Mario Ferreiro, al actual jefe comunal Óscar Nenecho Rodríguez y a 11 concejales por supuesta falsificación de documentos y la aprobación de diputados para el cierre del vertedero. Cuestionó que no existe diferencia mayor de 18 horas entre la imputación hecha por la fiscala Stella Mary Cano, por una denuncia que data del 2018, y la aprobación de Diputados sin estudio previo en comisión.
PROYECTO. El concejal Federico Franco Troche dijo que en el documento no se contemplan cuáles serán los mecanismos para financiar el cierre, la restauración ecológica y la asistencia social en la zona.
El proyecto con media sanción ahora pasa al Senado. Franco Troche solicitó que la Intendencia de Asunción y la Junta Municipal realicen un trabajo conjunto para presentar su postura ante dicha cámara, ya que se violenta la autonomía municipal. Sobre la imputación y el reciente proyecto, el concejal Elvio Segovia indicó que no se debe perder de vista el interés real de fondo. Ediles consideran inconstitucional el cierre.
“El interés es crear un negocio de monopolio inconstitucional de mano de una “empresauria” y de un grupo de dirigentes políticos de diferentes partidos, muchos son copropietarios, tratando de hacer prevalecer de la forma que fuese una gran fuente de financiación para su campaña y riqueza ilegítima”, dijo Segovia.
IMPUTACIÓN. El actual intendente señaló que la imputación es selectiva, ya que la aprobación del cambio de razón social de Empo Ltda. y Asociados a SA, en 2018, fue realizada también por otros concejales como Julio Ullón y por el diputado cartista Hugo Ramírez, quien en ese entonces era presidente de la Junta.
Meses después salieron a la luz supuestas falsificaciones de documentos por parte de Empo para hacer figurar que estaban al día con sus obligaciones tributarias para seguir con el cobro a la Comuna. La empresa tenía el RUC bloqueado por arrastrar una deuda de G. 9.000 millones con el Fisco.
Políticos que estarían detrás de El Farol
Durante la sesión el concejal Elvio Segovia no dio nombres de quiénes serían los políticos copropietarios de El Farol a quienes se refiere. La semana anterior el representante de Empo, Enrique Ortuoste, en contacto con radio Monumental consultado al respecto, había señalado que además de Adelaida Cañete, quien es la cara visible de la empresa, también estarían como accionistas políticos el senador Blas Lanzoni, el diputado Basilio Bachi Núñez y la familia del ex presidente Federico Franco.
Admiten la imputación a Nenecho
Mientras que la jueza de Garantías Hilda Benítez admitió la imputación contra el actual intendente Óscar Nenecho Rodríguez, el anterior, Mario Ferreiro, y los 11 concejales, la defensa de los mencionados planteó la nulidad de la imputación.
La magistrada procesó a los imputados, y los citó para la imposición de medidas cautelares, entre el 19 y el 23 de octubre próximos.
Así, el jefe comunal Óscar Rodríguez, su predecesor Mario Ferreiro, y el coprocesado edil Javier Pintos deberán presentarse el primer día, a partir de las 9:00 en adelante.
Asimismo, el director jurídico de la Municipalidad, Benito Torres, en representación de los concejales y del intendente, pidió la nulidad de la imputación.
Sostuvo que la presentación de la Fiscalía no cumplía con los requisitos de una imputación, ya que no había un detalle de los hechos que supuestamente cometieron los procesados. Alegó que el cuerpo legislativo no tenía funciones administrativas para el pago a la empresa, entre otras cosas.
