Esta coyuntura obliga a que cada representante del Ejecutivo dé la cara y responda a las preguntas, por más incómodas que sean, de los periodistas.
No obstante, durante el último mes, los comunicadores pudimos observar una práctica peligrosa que restringe el ejercicio de la libertad de expresión por parte del Gobierno que consiste en la limitación de las preguntas que se pueden hacer durante las conferencias de prensa que no son tales, porque se convierten en meros comunicados.
El primero en salir fue Marco Alcaraz, actual ministro de Inteligencia. El 12 de febrero convocó a los periodistas para responder los cuestionamientos sobre por qué en su rol de fiscal, años atrás, recibía cortes de carnes prémium y camisetas del Olimpia por parte de un político investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Alcaraz, en aquella oportunidad, solo permitió cinco preguntas a los presentes. Atendiendo que existen medios afines al Gobierno que realizan preguntas bisagra en pro de la justificación irrazonable y lo que convierte el encuentro periodístico en algo contraintuitivo para la verdadera labor periodística de exigir respuestas, contrarrestar los datos y verificar las fuentes.
El día de ayer, Gustavo Villate, ministro del Mitic, limitó, aún más, hasta tres preguntas permitidas. Lo que llama la atención es que el secretario de Estado es el responsable de la comunicación del Gobierno. Sin embargo, busca evitar responder preguntas de comunicadores con el fin de aclarar un presunto negociado que destinará USD 18 millones para un data center.
En apenas 18 meses de gestión, el Ejecutivo demostró la falta de capacidad para intentar lidiar, responder a los cuestionamientos, incluso con todo lo que envolvió a los cambios en la Vocería. En definitiva, en prospectiva no es difícil vaticinar, que a medida que avancen los meses, la imagen del Gobierno seguirá deteriorándose.
