En sus atribuciones como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, el presidente Santiago Peña firmó el decreto 1.767 por el cual autoriza la militarización en los departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú.
De acuerdo con el documento oficial, la utilización de elementos de combate de las Fuerzas Armadas es para fortalecer la seguridad interna del país ante el “crecimiento sustancial de las acciones delictivas por parte de grupos criminales” en las zonas mencionadas.
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La determinación de Peña se basa, además, en la vinculación de estos grupos con el crimen organizado transnacional, terrorismo y delitos conexos.
Asimismo, el mandatario dispuso que todos los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo apoyen sin restricciones y colaboren con el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).
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El pasado abril, Peña expandió la militarización hasta el Departamento de Canindenyú ante la ola de inseguridad, hechos de sicariato y el avance del crimen organizado.
Con esa nueva medida, la cobertura con efectivos militares y equipos tácticos se amplía a cuatros departamentos del país.
En su momento, el Gobierno también analizó la posibilidad de desplegar militares en el este del país para combatir el repunte de la inseguridad y violencia en el lugar.