Sin embargo, este Consejo Nacional Anticorrupción fue muy criticado ya el año pasado, justamente durante la aprobación de la ley que eliminó al mismo tiempo la Senac.
El punto más polémico establece un consejo que funcionará con representantes de los tres poderes del Estado y estará coordinado por el contralor y el Gabinete Civil. Se cuestionó que este último tenga dicha función porque podría incidir sobre las auditorías de las secretarías que dependen. También se criticó que no estén otras instituciones.
Aquella vez, uno de los críticos fue el senador Rafael Filizzola, quien cuestionó que se mezclen las competencias del Estado. “No se ve qué vaya a sumar el Consejo y no están varias instituciones como la DNCP, la AGPE, el Tribunal de Cuentas, y no están las Fuerzas Públicas”, dijo.
Por su parte, el liberal Sergio Rojas mostró su preocupación porque el Gabinete Civil va a incidir en las acciones que se van a tomar, como las auditorías, y el Gabinete Civil tiene a su cargo 71 secretarías. “Vamos a someter más de lo que ya está la Contraloría, porque van a estar al mismo nivel el contralor y el ministro del Gabinete Civil”, refirió.
El Consejo Nacional Anticorrupción estará conformado por representantes de los tres poderes del Estado, donde el contralor ejercerá la coordinación en conjunto con el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República.
La Contraloría también administrará un portal de denuncias contra funcionarios públicos. En concreto se establecieron dos modalidades de denuncia: nominal con toda la información sin ninguna restricción y con la protección de datos. En el segundo caso, solamente con orden judicial podrán revelarse los datos. En caso de que un funcionario de la Contraloría revele los datos del denunciante, será pasible de una sanción según lo establece el Código Penal.
La abogada Esther Roa calificó el encuentro de ayer en el Palacio de Gobierno como “cumbre del vyrorei”. “El que está sentado al lado del títere Santiago Peña es Bachi Núñez, hermano de Óscar Venancio Núñez, condenado a 11 años de cárcel por robar más de G.42.000 millones a las personas más pobres de Pdte. Hayes. En este momento, el expediente tiene tres chicanas para ser resueltas por la Sala Penal, que llamativamente integra el ministro Víctor Ríos, cuya sala natural es la Sala Constitucional. Finalmente, la cumbre no es más que un show repetido, con un guion predecible y un telón de fondo desgastado por décadas de impunidad”, apuntó.
