Esta decisión se da a pesar de la serie de advertencias de organismos internacionales y en medio de las protestas por parte de las oenegés que la califican como ley garrote.
“Promulgué la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)”, fue el anuncio de Peña a través de sus redes sociales.
“ La ley busca establecer un régimen de transparencia y un registro oficial de estas organizaciones, con el objetivo de mejorar la coordinación entre estas y el Estado, fomentando la rendición de cuentas y el impacto positivo para la ciudadanía”, acotó.
“He solicitado al @MEF_Paraguay que, a través del Equipo Nacional Estrategia País (ENEP), se inicien los trabajos para la reglamentación de la ley de manera participativa con todos los sectores involucrados”, concluyó.
Por un lado, los representantes de la sociedad civil, así como también referentes de la oposición tenían la esperanza de un veto parcial, pero desde el cartismo prácticamente aseguraron que se daría la promulgación de la ley.
Es más, uno de los principales aliados de Honor Colorado, Dionisio Amarilla, dio como un hecho que se daría entre el jueves y ayer, y finalmente fue en la víspera.
Hasta antes de esta postura oficial del mandatario, seguían sumándose más organizaciones internacionales en contra de la normativa por considerarla peligrosa para el ejercicio de la libertad de asociación, expresión y otros.
preocupación. El director ejecutivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP), Sanjay Pradhan, manifestó su preocupación por el impacto de la ley en Paraguay.
“Me preocupa el posible impacto que la ley de ONG, propuesta en Paraguay, pueda tener sobre las libertades de la sociedad civil”, señaló, a través de sus redes sociales.
“La transparencia es vital, pero debe ir de la mano con la protección de los derechos de la sociedad civil. El diálogo abierto es clave”, expresó.
La OGP es una organización multilateral, conformada actualmente por 75 países, y que promueve la transparencia, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. Fue creada en el 2011 por ocho países: Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Paraguay se integró en el año 2012.
Desde la dirección ejecutiva no reconocen a la ley anti-ONG como positiva. Se puso énfasis en la necesidad de alertar que ya se dieron estas acciones en otros países con experiencias negativas para la sociedad civil.
Sanciones. Más que control administrativo, esta ley se convierte en un control punitivo.
Conflicto. El Parlamento no puede cumplir funciones de auditor o contralor, no es su rol. El Estado cuenta con alrededor de 20 instancias de control en diferentes instituciones.
Sobreexigencias.La norma establece controles que burocratizan a las ONG y conlleva sobrecostos que les perjudican.
Imagen. La ley afectará la credibilidad del país porque una sociedad civil que no participa o tiene restricciones no despierta confianza para inversiones serias.
Alerta. La ley va en contra de un informe de Gafilat, que en su momento felicitaba al Gobierno por trabajar con el sector privado y la sociedad civil.
