Se trata de una hoja de ruta obligatoria para el presidente Santiago Peña, quien dejó muy claro en su último informe de gestión, en julio pasado, que la reforma de la Caja Fiscal tiene un sentido urgente.
“Una deuda histórica es la reforma de la Caja Fiscal. Tenemos que tomar decisiones inteligentes y oportunas aquí, antes que sea demasiado tarde”, había adelantado Peña ante el Congreso, y este anuncio en tanto ya está próximo a concretarse.
Peña no quiere llevar el desafío solo con los colorados por lo que encomendó a sus senadores articular un nuevo encuentro con la oposición, como lo hizo el año pasado, aunque sin éxito, para encarar sus reformas, entre ellas, la creación del Registro Unificado Nacional (RUN).
La invitación está pendiente, pero mientras tanto los opositores no ponen resistencia porque la reforma de la Caja Fiscal es una preocupación de todos los sectores, debido a su alto déficit, que va en aumento y que hasta el último informe llegaba a G. 1,8 billones (USD 235 millones aproximadamente).
En tanto se desconoce cuáles son los puntos de preocupación que podrían ser modificados. El Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público abarca a trabajadores, jubilados y pensionados del Estado, que forman parte de la administración pública, docentes universitarios, magistrados judiciales, Magisterio Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
La intención inicial del Ministerio de Economía es que la reforma permita dar respuesta a los pasivos previsionales. “Sobre la base de la literatura y las evidencias empíricas de situaciones similares que se dieron en otros países, las alternativas de reforma se sustentan en ajustes en los parámetros (años de aporte, tasas, edad de retiro, entre otros), teniendo muy presente que los efectos de estos ajustes tendrán su impacto en mediano/largo plazo”, expresa el último informe.
La mayor preocupación es que, en un par de años, antes del 2023, las reservas de la Caja depositadas en el Banco Central del Paraguay (BCP) podrían agotarse, si no se ejecutan las reformas necesarias.
“Uno de los motivos que condujeron a la crítica situación del año 2003, fue la heterogeneidad de regímenes y la disparidad en los beneficios acordados, con los mismos aportes. Luego de casi 20 años, esta situación vuelve a repetirse, la situación financiera de la Caja Fiscal se acerca de manera peligrosa a un periodo crítico en cuanto a su situación financiera”, advierte Economía.
La preocupación de Santiago Peña de comenzar a hablar con la oposición para impulsar el proyecto de reforma de la Caja Fiscal tiene relación con la necesidad de buscar consensos. No obstante, las conversaciones deberán darse no solo con el sector político sino con las organizaciones afectadas que, a decir de los técnicos del Ministerio de Economía, deberán realizar sacrificios para posibilitar los cambios. “Para el éxito de toda reforma del sistema jubilatorio, es crucial generar amplios consensos entre todos los sectores, partiendo del reconocimiento de la difícil situación actual y entendiendo que estos consensos podrían implicar sacrificios de todos los sectores, pero con un objetivo común, que es dotar al Sistema de Jubilaciones del Sector Público de una senda de sostenibilidad financiera que garantice tanto a los actuales jubilados como a los futuros gozar de sus respectivas jubilaciones”, manifiesta el informe. Esto debido a que la situación actual de la caja se debe a las modificaciones legales que ampliaron los beneficios en ciertos sectores, mientras que los aportes se mantuvieron homogéneos. La última reforma se realizó en el 2003 durante el gobierno de Nicanor Duarte.
