El proyecto soluciona la disputa entre la Contraloría y el Tribunal de Cuentas porque establece que la primera debía recibir todos los informes de gestión, mientras que la segunda, perdía esa facultad. Es decir, las instituciones ya no podrían enviar su rendición de gastos al Tribunal.
La cuestión es que este problema lo inició la Corte. Por muchos años, impidió que la Contraloría ingrese a auditar su ejecución de presupuesto y la siguieron la Fiscalía General, la Justicia Electoral y una gran cantidad de gobernaciones y municipalidades, entre ellas Asunción.
Ninguna quería ser auditada por la Contraloría dando a entender que tenían mucho que ocultar. Un gobernador, por ejemplo, prefería enviar su rendición al Tribunal, donde no iba a ser cuestionado, su informe pasaría de fino. En la Contraloría en tanto las irregularidades podrían ser detectadas y publicadas.
Lo que hacían es presentar una acción de inconstitucionalidad y, de esa manera, puenteaban al ente contralor y remitían toda su ejecución de gastos al Tribunal de Cuentas, donde eran blanqueadas.
Por eso, este no es un proyecto que agrade a la Corte. Recientemente, César Emilio Diesel Marín, hijo del presidente de la Corte, César Diesel, fue elegido juez del Tribunal, el ente que juzgará las cuentas.
El proyecto fue sancionado por el Congreso el pasado 6 de setiembre, pero Raúl Latorre se demoró tres meses en remitirlo al Ejecutivo. Las presiones de la Corte habían empezado. Desde el Palacio de Justicia informaron a ÚH que los ministros convocaron a Camilo Benítez, lo sentaron y le pidieron que baje un cambio.
La duda de Peña entre vetar y promulgar estaba en que si ponía en vigencia la ley, la Corte igualmente la declararía inconstitucional. De hecho, en su decreto que ya remitió al Congreso indica que cuando recibió el proyecto, pidió su parecer a la Corte, y eso fue determinante para vetarlo.
La normativa está a un paso de frustrarse. Ingresó a Diputados donde el oficialismo colorado tiene mayoría, al igual que en el Senado. Es claro que el veto será aceptado por el Congreso.
Peña cedió a la Corte. Prefirió no entrar en un conflicto con este poder ni con toda la estructura que da un uso corrupto a los recursos públicos.
Esta concesión va en contradicción con su reciente plan contra la corrupción que trabajó en conjunto con los tres poderes del Estado y los extrapoderes. En ese acto, el contralor manifestó que de nada serviría toda esa estrategia de unas 80 páginas si el partido oficialista no colaboraba.
En el decreto del veto, Peña, asesorado por Roberto Ilo Moreno, menciona que ya comenzó los contactos entre el Tribunal y la Contraloría para un trabajo en conjunto que pueda sacar una nueva ley. Esto es difícil de entender, ya que la Contraloría controla y el Tribunal, juzga. Un trabajo conjunto no sería del todo compatible. Veremos cuál será la salida a este problema, y si Peña seguirá en silencio como lo hizo todo su equipo desde que asumió.
