El segundo round sobre el futuro de la jubilación pegó fuerte contra los trabajadores. Somos quienes finalmente estamos perdiendo en esta pelea sobre el control de los fondos jubilatorios.
El primer round fue perdido cuando en el año 2015 el gobierno de Horacio Cartes presentó al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones sin haber agotado el diálogo y la difusión sobre las nuevas reglas en material de administración de fondos jubilatorios.
En el 2017, el gobierno de Cartes volvió a plantear la propuesta de crear la superintendencia de jubilaciones al Poder Legislativo y logró la media sanción.
Pero la desconfianza generada tras la primera acción fue determinante para que los trabajadores la rechacen. A ellos se sumaron los empresarios, lo que terminó por hundir cualquier intención de buscar regular este sector.
El nombre del proyecto de ley “Que crea el Consejo Asesor del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones, la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y establece normas de inversión del sistema de jubilaciones y pensiones” genera confusión, y hasta la propia bancada cartista de la Cámara de Senadores terminó por rechazar la futura normativa.
Y eso que están en juego más de USD 3.000 millones de fondos jubilatorios que hoy no tienen una entidad que los controle.
Las cajas de jubilaciones existentes, casi todas públicas o que administran fondos de entidades descentralizadas o binacionales, actualmente carecen de una entidad reguladora que supervise la inversión o el manejo de los aportes.
En varias ocasiones, el Estado debió cubrir, con impuestos, los agujeros que dejaron malas inversiones, como el de la Caja de Jubilados Bancarios.
Es indiscutible que se necesita una entidad que regule a las administradoras de fondos de pensiones. Que se sepa dónde están invirtiendo los recursos los presidentes o consejos de las cajas de jubilados, cuánto es el retorno por esa inversión, a qué plazo y sobre todo cuán segura es la apuesta.
Pero la discusión de la administración de los recursos necesariamente debe estar separada, por ahora, de la edad mínima requerida para la jubilación.
Aunque el aporte y la edad de jubilación son siameses, es natural que el desconocimiento genere rechazo. A ello se suma una historia de pérdidas de fondos por parte de entidades administradoras de aportes jubilatorios a través de préstamos a industrias y empresas de transporte, entre otras, grabada en la memoria colectiva, lo que produce temor en cualquier acción que se plantee.
Hasta ahora solo se informó sobre posibles colapsos de entidades que administran los fondos jubilatorios, pero como los plazos sobre el fin de esa era van variando, parece no dimensionarse que en algún momento habrá que discutir sobre un modelo más rentable.
Muchos de los que estamos aportando para poder acceder a la jubilación no tenemos certeza de que en nuestra vejez veremos retornados esos aportes.
Se necesita modificar el sistema de difusión y comunicación sobre los planes en materia de jubilaciones. Y plantear normas sin nombres rimbombantes, asequibles a todos, que garanticen la mejor administración de los fondos.
