Desde el MEC y desde organizaciones vinculadas al Observatorio Educativo Ciudadano insisten en que la ley es fundamental para apoyar el escaso presupuesto de la cartera educativa, donde el 92% se destina a gastos rígidos y que nada tiene que ver con el Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) resistido por grupos, especialmente, provida, por supuestamente implementar la ideología de género.
“Mejorar las competencias y los conocimientos de la población paraguaya mediante una educación de calidad es su principal característica y que sustenta la implementación de la política educativa vigente”, expresa Zulma Morales, viceministra de Culto del MEC. Además, aclara que estos objetivos y criterios pueden cambiarse según las necesidades que pueda identificar el MEC, sin condicionamientos.
El debate llegó incluso a lo más alto de la Iglesia Católica, donde desde el púlpito de Caacupé, hasta el arzobispo emérito Edmundo Valenzuela se pronunció contra la normativa, alegando que Europa “quiere imponer su educación fallida”.
Durante el debate de derogación en Cámara Baja, el diputado Eusebio Alvarenga señaló que con este aporte internacional “de manera astuta se va a instalar un nuevo modelo en nuestro país. Sería una especie de lavado de cerebro a nuestros niños y jóvenes y eso va a tener una incidencia directa en la posterior conducta de nuestros jóvenes. La intención es modificar los conceptos antiquísimos que tenemos, modificar el concepto de familia”, sentenció.
“Las críticas, cargadas de desinformación, se dan en un contexto país con los niveles más bajos de inversión educativa de la región y el mundo, la cooperación internacional ha sido fundamental para el desarrollo, logrando avances y contribuciones significativas en el fortalecimiento de nuestras instituciones y las políticas públicas”, explica el Observatorio Educativo Ciudadano.
Otro punto que fue destacado por la viceministra Morales y que recordaron desde la Unión Europea en el país es que el documento se elevó al Congreso Nacional dos años antes de iniciarse el Plan Nacional de Transformación Educativa, aunque sí coinciden en parte en el nombre. La Ley Nº 669 se denomina para el programa de apoyo a la transformación del sistema educativo.
Afectados. Todos los estudiantes matriculados para el 2023 se verán afectados si se elimina la normativa en el Parlamento Nacional (aunque Mario Abdo adelantó que vetará la derogación), según el MEC.
Se espera que con estos recursos se puedan adquirir libros de texto de Matemáticas y de Lengua y Literatura para 1.200.000 escolares desde el primer grado hasta el tercero de la Media.
Los secundarios señalaron que pese a que esta adquisición de textos es insuficiente, es lo único con que cuentan para el 2023. Recordaron que pidieron al mismo Parlamento una línea presupuestaria para comprar seis libros de texto para cada secundario, en lugar de dos.
“Lo poco que teníamos como compensatorio para la falta de materiales ahora está en riesgo”, apuntaron desde la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy).
Pueden perderse igualmente 3.600.000 platos de almuerzo escolar para niños y niñas de escasos recursos en escuelas capitalinas.
Esto afecta directamente a 45.000 escolares de casi un centenar de instituciones educativas de gestión pública. “Son alrededor de 4 meses de almuerzo escolar comprometidos para el año lectivo que viene”, expresó el director general de Finanzas del MEC, Óscar Stark.
De todo el fondo, en el programa de alimentación escolar es en lo que más se destina, superando los G. 26.140 millones. “Son en total G. 100 mil millones comprometidos en programas sensibles que todavía no se pagaron este año y que deben comprometerse para el curso entrante”, refirió el jefe financiero del MEC.
Infraestructura. En el país donde las escuelas se caen, el MEC cuenta con presupuesto cero para reparaciones y construcciones de salas de clase y otros espacios en los establecimientos. Tampoco cuenta con recursos para la compra de muebles pedagógicos.
Depende casi exclusivamente de presupuesto externo, como el caso del convenio con el organismo del viejo continente, donde se destinarán G. 2.841 millones para este ítem. Los datos oficiales indican que el 60% de los locales educativos se encuentran en mal estado.
El total de aulas que urgen reparaciones es de 9.897 y 2.663 salas están en riesgo de derrumbe. Aún con el recurso del acuerdo es insuficiente para paliar este problema.
recortes. Los directores aportan al debate recordando que el MEC sufrió recortes presupuestarios “gigantescos” durante los dos años de la pandemia del Covid, debido a que los fondos se destinaron a la salud pública.
“Perdimos al menos G. 104.000 millones cada año de la pandemia en infraestructura, mientras seguimos con escuelas con letrinas como sanitarios”, lamenta el presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos.
El gremialista es uno de los críticos a la decisión tomada por Diputados de derogar el convenio con la UE.
“Qué pena que la Cámara de Diputados tomó una decisión tan equivocada por querer ser populista”, arremetió el educador. Marecos pidió más conciencia a los parlamentarios para no confundir a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general al mezclar esta normativa con el Plan de Transformación Educativa.
La UE es la que instala en Europa la ideología de genero y se me hace extraño que sea tan “generosa con Paraguay”.
Eusebio Alvarenga,
diputado PLRA.
El impacto es de G. 100 mil millones, que afecta al Presupuesto de este año y al 2023.
Óscar Stark,
director de Finanzas del MEC.
