El capo de la efedrina, Ibar Pérez Corradi, se abstuvo ayer de declarar ante la fiscala Antisecuestro Sandra Quiñónez, en el proceso que enfrenta en nuestro país por usurpación de identidad. Sin embargo, a la prensa dijo que es inocente y pide que se garantice su seguridad.
Al mismo tiempo, la jueza federal porteña María Romilda Servini de Cubría, quien investiga a Pérez Corradi por el tráfico de efedrina y por ser el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, hizo el pedido formal a la Justicia de Paraguay de extradición del detenido.
En el marco de esta solicitud, los abogados defensores del que fue el hombre más buscado de la Argentina pedirán el criterio de oportunidad, que posibilita el finiquito rápido del caso para su defendido, y la Fiscalía se va a allanar al mismo una vez que quede firme el pedido de extradición.
Esto a raíz de que el juez primeramente deberá resolver la solicitud de extradición, luego el criterio de oportunidad, indicó la fiscala Quiñónez. Agregó que solicitará dicha salida procesal basándose en que Pérez Corradi cuenta con un proceso en Argentina, cuya pena es mucho mayor. Explicó que en caso de que el juez resuelva otorgarle el criterio de oportunidad, la causa de Paraguay por producción de documentos no auténticos quedará extinta.
habló. Pérez Corradi luego de estar cinco horas en el despacho de la fiscala Antisecuestro, decidió dar la cara y habló con la prensa. “Confío en la Justicia paraguaya, solicité a la fiscala seguridad para mi familia nada más, porque hay gente interesada en matarme”, señaló. Refirió que la Justicia argentina siempre le trató mal y era presionado por el poder político en ese momento, aunque ahora está de acuerdo con su extradición. Incluso dijo que ex agentes de inteligencia lo amenazaban constantemente. En cuanto al ser consultado por qué se borró las huellas dactilares, solo se remitió a responder: “Es privado”. En tanto su abogado argentino, Carlos Broitman, resaltó que Pérez Corradi estuvo años en la clandestinidad, ya que no estaban dadas las condiciones ni garantías para poder ejercer su derecho de defensa. “Mi cliente maneja información sensible referente a la política argentina”, por eso pedimos protección para él y su familia, finalizó.