Tras haber participado del seminario “La libertad de expresión en Paraguay y la amenaza de la narcopolítica”, organizado por el Foro de Periodistas Paraguayos (Fopep), el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y la Coordinadora de Periodistas en Alerta (CPA), en la sede de la Universidad Autónoma de Asunción, los periodistas decidieron redactar una declaración a la opinión pública, en la que expresan sus principales preocupaciones a un año del asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada.
Por sobre todo, sostienen que se sienten indignados “ante la evidente falta de voluntad de los organismos políticos, de Justicia y de Seguridad del Estado, para investigar a fondo y desmantelar las redes mafiosas del crimen organizado, y principalmente del narcotráfico, con sus muchos nexos en el mundo político, que siguen constituyendo un grave peligro para la seguridad ciudadana, un impedimento para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, y una verdadera amenaza para el desarrollo democrático del país”.
Aunque valoran los logros obtenidos por el Ministerio Público en la investigación del caso Medina, al haber aclarado el caso y logrado dos detenciones de sus ejecutores, especialmente del presunto autor moral, el ex intendente de Ypejhú, Vilmar Neneco Acosta, cuya extradición desde el Brasil se aguarda, lamentan que no se haya incluido a los protectores políticos, como la diputada colorada Cristina Villalba, su hermano el intendente de La Paloma, Carlos Villalba, y el gobernador de Canindeyú, Alfonso Noria Duarte, quienes, por el contrario, han recibido el público apoyo del presidente Horacio Cartes.
A continuación transcribimos íntegramente la declaración de los periodistas:
A UN AÑO DEL ASESINATO DE PABLO MEDINA
Periodistas reunidos en el Seminario Internacional “La libertad de expresión en Paraguay y la amenaza de la narcopolítica”, organizado por el Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP), el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y la Coordinadora de Periodistas en Alerta (CPA), en la sede de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), nos dirigimos a la opinión pública para expresar cuanto sigue:
Al cumplirse un año del asesinato del periodista Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color, y su acompañante Antonia Almada, crimen cometido por sicarios de la mafia del narcotráfico el 16 de octubre de 2014, en la zona de Villa Ygatimí, Departamento de Canindeyú, expresamos nuestra indignación y alerta ante la evidente falta de voluntad de los organismos políticos, de Justicia y de Seguridad del Estado, para investigar a fondo y desmantelar las redes mafiosas del crimen organizado, y principalmente del narcotráfico, con sus muchos nexos en el mundo político, que siguen constituyendo un grave peligro para la seguridad ciudadana, un impedimento para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, y una verdadera amenaza para el desarrollo democrático del país.
Aunque valoramos la acción desplegada por agentes del Ministerio Público en haber aclarado el caso criminal e identificado a los autores morales y materiales del asesinato del periodista y su acompañante, así como en lograr la prisión en Brasil del ex intendente municipal Vilmar Neneco Acosta Marques, y realizados los trámites para su extradición al Paraguay –hecho que esperamos ocurra muy pronto-, además de haber procedido a la detención en territorio paraguayo del chofer y sicario Arnaldo Javier Cabrera, nos preocupa sin embargo que a un año aún no hayan podido ser capturados también los sindicados como principales ejecutores materiales, Wilson Acosta Marques, Flavio Acosta Riveros y Lorenzo Acosta Marques.
Nos llama la atención que las investigaciones no hayan avanzado en dirección a los sindicados como los protectores políticos del ex intendente narco Acosta Márquez, los integrantes del llamado “clan Villalba”, la actual diputada colorada por Canindeyú, Cristina Villalba; su hermano, el intendente municipal de La Paloma, Carlos Villalba, y el actual gobernador de Canindeyú, Alfonso Noria Duarte, entre otros altos dirigentes políticos, a pesar de que hay varios indicios que los ligan al esquema de la narcopolítica, incluyendo los resultados de la investigaciones contenidas en el informe de la Comisión Bicameral de Investigación sobre el Caso Pablo Medina, entregado oficialmente en junio de 2015. Por el contrario, el propio presidente de la República, Horacio Cartes, ha dado públicamente su apoyo a Noria y a los miembros del clan Villalba en un reciente acto oficial en Canindeyú, en un gesto que se interpreta como convalidación en contra de todo lo que se ha denunciado.
Resultan también preocupantes los informes periodísticos que aseguran que el llamado “clan Acosta” sigue operando en la zona de Ypehú y manejando el mercado ilegal de producción y comercialización de marihuana y otros estupefacientes, como si nada hubiera cambiado tras el asesinato de Pablo y Antonia. Mientras tanto, los periodistas corresponsales en la región deben movilizarse con custodia policial permanente, ante las continuas amenazas de muerte que siguen recibiendo de parte de los mafiosos.
Pedimos a la Justicia Paraguaya y al Ministerio Público que se reabran y se investiguen a fondo los 17 casos de periodistas asesinados desde abril de 1991 hasta marzo de 2015. Además nos proponemos realizar acciones para que se modifique la actual legislación penal, a fin de lograr que los asesinatos y crímenes contra periodistas no prescriban en el tiempo. Planteamos llevar adelante mesas de diálogos con organismos del Estado, a fin de crear mecanismos institucionales de protección a periodistas, teniendo en cuenta valiosas experiencias que se llevan a cabo en otros países, en este sentido.
Cuestionamos la creación de monopolios, con concentración de medios de comunicación en pocas manos, que atentan contra la pluralidad de voces, mientras desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y desde otros organismos estatales se persiguen constantemente a las radios comunitarias y a experiencias de periodismo alternativo, que buscan garantizar a la ciudadanía un acceso más democrático a los medios de comunicación.
Particularmente nos resulta preocupante la reciente masiva adquisición de medios por parte de empresas ligadas al actual presidente de la República, Horacio Cartes, ya que la cercanía de la propiedad con el actual poder político puede condicionar la independencia para investigar e informar críticamente sobre el Gobierno, limitando un rol esencial del periodismo, que es el de ser contralor del poder.
Hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad paraguaya que anhelan un país libre de narcopolítica y de corrupción, a mantenerse en alerta para exigir una respuesta más eficaz de las autoridades, demandando a través de la movilización democrática el justo castigo para quienes incumplen su función, siguiendo el admirable ejemplo de los jóvenes secundarios y universitarios que hoy están en pie de lucha por una mejor educación y un Paraguay más digno. Desde el periodismo, seguiremos acompañando y fortaleciendo este vital proceso, en memoria de Pablo Medina, de Antonia Almada y de todos los colegas asesinados.
