Nos explica el Centro Virtual Cervantes que, a pesar de que tiene unos cientos de años, este parangón es utilizado hasta hoy día para dar a entender que las mayores dificultades pueden ser vencidas con perseverancia, constancia y tenacidad.
Podríamos tranquilamente aplicar este ejemplo de la naturaleza a dos reformas claves que vienen de fracasar en varias oportunidades, pero que son extremadamente necesarias para las sostenibilidad de las finanzas públicas: la creación de una superintendencia de pensiones y la ley del servicio civil.
No es un secreto que las dos principales cajas del país, el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Caja Fiscal, pasan por un momento muy delicado que arriesgan su propia vida en el corto plazo.
Una noticia que sorprendió hasta a los más avispados hace unos días es la autorización que dio el Consejo del IPS para la utilización de las reservas para pagar a los jubilados y pensionados. Si bien se habló de un déficit corriente solo temporal, es una señal de alerta que ya no alcancen los ingresos genuinos ni siquiera para hace frente a los pagos regulares de la institución.
A esto se suman las licitaciones que están saltando a luz últimamente y que hacen pensar que las autoridades salientes no están pensando precisamente en los asegurados ni en los jubilados.
El panorama en la Caja Fiscal, de igual modo, es para nada alentador. La alta fragmentación de los regímenes, sumados a abusivos privilegios para las fuerzas públicas, han llevado a esta entidad a déficits consecutivos que van devorando sus reservas desde hace años y obligan al Tesoro a manotear parte de los impuestos para cubrir los pagos. Solamente en el último quinquenio el agujero de la Caja Fiscal superó los USD 600 millones.
Por estas situaciones, es más que evidente que hacen falta orden y mayor supervisión, para ayer. En ese sentido, ni siquiera hay que inventar nada, veamos los ejemplos ya aplicados y que funcionan bien. El sistema jubilatorio ya no puede seguir sin una superintendencia de pensiones. Es necesario un ente que garantice el correcto uso de los fondos, controle las inversiones y al mismo tiempo idee estrategias de reforma para que los aportantes de hoy puedan gozar de una jubilación mañana. Evidentemente, también es clave el factor humano. Los capitanes de esta superintendencia deben ser intachables, de lo contrario, de nada sirve tener un barco de última generación si es comandado por piratas, con patas de palo, parches en los ojos y loros en los hombros.
Con respecto a la ley del servicio civil, urge una nueva legislación que regule la carrera dentro de la función pública. El Tesoro Público destina el 70% de todo lo que recauda en impuestos, en promedio, al gasto salarial. Sin embargo, los servicios públicos son cada vez más deficientes.
Por ello, es necesario contar con mejores reglas para el ingreso y la promoción en la función pública. Basta de planilleros, hurreros o amigos en puestos claves. El reto es doble: gastar mejor y ganar eficiencia.
Contar con una ley del servicio civil no significa disminuir el plantel público, porque es necesario que el Estado preste más servicios y genere más bienes que sirvan para el desarrollo del país, significa contar con un marco normativo que resulte en que las políticas económicas y sociales estén ideadas y ejecutadas por las mejores mentes. La meritocracia debe ser la regla, no la excepción.
La administración de Santiago Peña tiene un desafío enorme. Mejorar la calidad de vida de la gente contempla insistir con estas reformas. Las demandas son cada vez más crecientes y el malhumor social desde hace un buen tiempo viene tocando techos históricos.
Lo claro y contundente es que el statu quo imperante no puede continuar.
