De acuerdo con el informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), todas las denuncias registradas hasta el año pasado quedaron impunes, ya que no avanzaron hacia el esclarecimiento de los hechos y mucho menos se concretaron condenas de los responsables. Además del riesgo que implica para la integridad de los trabajadores y trabajadoras de prensa, las amenazas coartan sus derechos a la libertad expresión, pero también el derecho de la ciudadanía de recibir información, pues el hecho punible se produce como represalia a publicaciones periodísticas.
Aún no se cumplen cinco meses del asesinato del comunicador Humberto Coronel para que las amenazas de muerte ronden en el ambiente de la comunicación. En el caso del colega de la emisora Amambay 570 AM, hay un contexto de frontera donde el ejercicio de la profesión está particularmente en riesgo desde hace varios años, pero al igual que la situación de Radio Cáritas, involucra a temas de crimen organizado.
Al homicidio de Humberto le precedieron amenazas que fueron alertadas a los organismos estatales de seguridad que, sin embargo, no reforzaron los trabajos de protección, pues al colega lo atacaron frente a la radio en la que trabajaba. Él había sido blanco de amenazas junto con su compañero, Gustavo Báez, quien quedó devastado y sin confianza hacia el sistema de protección.
También por su trabajo como comunicador, Pablo Gastón Gauto, de Visión Comunicaciones de la ciudad de Villarrica, recibió agresiones y amenazas de muerte en el 2022. En plena cobertura, el senador Rodolfo Friedmann le arrebató el celular e impidió que siguiera recogiendo información en el Poder Judicial, donde el legislador se presentó por la denuncia de corrupción que pesa sobre él relacionada con su anterior administración como gobernador de Guairá. Meses después se divulgó un audio donde el ciudadano español Álex Castro García, afirmaba que había pagado para asesinar tanto a Pablo como a la fiscala que investigaba amenazas anteriores tras publicaciones que contrastaban los datos reales del extranjero versus los que presentaban a las autoridades paraguayas a quienes prometía una importante donación.
Otros casos. Aunque los hechos provienen desde diferentes frentes, el común denominador es la vulneración de varios derechos, en principio los de libertad de expresión y de información, pero van concatenadas otras garantías que son atacadas en el mismo proceso. En total, seis víctimas de violencia sexual figuran en la investigación fiscal contra el ex gerente de Canal 9, Carlos Granada. Una serie de protestas en reclamo de justicia antecedieron a esta medida y aunque el agresor está privado de su libertad, la persecución a las trabajadoras no cesó en medio de una omisión de acciones por parte del Ministerio de Trabajo que no respondió en la medida que exigía esta denuncia sin precedentes.
Antes de cerrar el 2022, la comunicadora y defensora de derechos humanos Menchi Barriocanal fue objeto de hostigamientos, luego de que Juan Vera publicara su número de celular con mensajes que alentaban a amedrentarla solo por dar su opinión sobre fondos para la educación que estaban en riesgo en el Congreso.
El Estado no solo tiene la responsabilidad de esclarecer todos los casos abiertos, sino que además debe garantizar la protección de las víctimas tanto directas como indirectas, así como la seguridad y prevención de violencia en el ambiente laboral a través de las diferentes instituciones.
