02 ene. 2025

Pese a baja gestión, intendentes pretenden alargar sus mandatos

Los intendentes de todo el país plantearán al Congreso Nacional la ampliación de sus mandatos por un año, tras la última postergación de las elecciones municipales. El fundamento es que quieren “restablecer el equilibrio del tiempo de mandato”, y porque consideran que “es injusto que el recorte impacte para este mandato”. Los municipios deben, por sus funciones, desarrollar los intereses locales, lo que equivale a decir que el sentido de su existencia es el bienestar de la comunidad de vecinos. Difícilmente los pobladores de las ciudades se muestren satisfechos por el rendimiento y el compromiso de sus autoridades, las deficiencias saltan a la vista cotidianamente. Los intendentes tienen una deuda importante con sus comunidades, en vez de pedir se alarguen sus mandatos deberían esforzarse más para mejorar la calidad de vida de la población.

Un grupo de jefes comunales se encuentran trabajando en un proyecto de ley para ampliar por un año sus mandatos. El documento será presentado al Congreso Nacional con la firma de todos los intendentes del país, a través de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). Con esta idea, los representantes municipales pretenden que sus respectivos periodos de gobierno se extiendan hasta el 2026.

El proyecto de ley, “que amplía por un año el periodo de mandato de las autoridades municipales electas en los comicios del año 2021”, tiene como fundamento “restablecer el equilibrio del tiempo de mandato” y porque consideran que “es injusto que el recorte impacte para este mandato”. Argumentan que, debido a que en marzo de 2020, ante las medidas restrictivas por la pandemia del coronavirus, la Justicia Electoral decidió cambiar el cronograma electoral, con lo que las elecciones municipales fueron postergadas; por ello, los ejecutivos municipales del periodo anterior contaron con un mandato total de 6 años.

Salvo honrosas excepciones, los intendentes difícilmente puedan asegurar que en sus comunidades gozan de credibilidad por su excelente gestión.

Son escasas las excepciones de comunidades que no estén hartas y descreídas de sus autoridades; y son cientos de miles los ciudadanos que lamentan incluso tener que pagar sus impuestos a autoridades que son sospechosas de actos de corruptela o directamente están siendo investigados por el Ministerio Público por su gestión. Son bien conocidos los reclamos que se filtran día a día, especialmente a través de las redes sociales, por parte de vecinos indignados por problemas como la recolección de basura, limpieza y cuidado de las calles, falta de espacios verdes de recreación, problema de raudales por falta de desagüe pluvial y falta de cuidado de la infraestructura de los locales escolares.

Este último punto en la larga lista de deficiencias surge cada año, especialmente debido a que gran parte de los intendentes no rinden cuentas de los millonarios recursos que reciben del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para invertir en educación. Muchos de ellos ni siquiera rinden cuentas adecuadamente sobre el dinero recibido, mientras las escuelas se siguen cayendo por falta de mantenimiento o por mala construcción y todo el sector educativo sigue abandonado.

Los municipios en el Paraguay son la autoridad más cercana a la gente, lamentablemente la lista de deudas pendientes con la ciudadanía es muy extensa.

Además de la deficiente gestión, la corruptela afecta a la calidad de los servicios que los vecinos tienen derecho a recibir. Es por eso que, lo más urgente para estas autoridades es recuperar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía; y eso solamente será posible si consiguen administrar sus municipios con honestidad y con total transparencia de sus acciones.

Una extensión del mandato de los intendentes no se ve como una prioridad, la calidad de vida de la gente sí lo es.

Más contenido de esta sección
Un proyecto que buscaba modificar el Código Penal para evitar que los casos de corrupción prescriban en la Justicia fue rechazado por los diputados y enviado al archivo. Se buscaba endurecer las penas, ampliar el universo de tipos penales, extender plazos para la prescripción y endurecer criterios de medición de la pena para delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos. El rechazo de esta propuesta parece una verdadera declaración de intenciones.
Mientras el ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio opera para obtener una medida sustitutiva a la prisión, la Cooperativa San Cristóbal, de la que fue presidente, siente las devastadoras consecuencias de haber sido una entidad a través de la cual, presuntamente, se puso en circulación el dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas. Perdió la confianza y a miles de socios. Es un ejemplo de lo que les sucede a las instituciones cuando falta fiscalización. Si no mejoran los controles, este caso se volverá a repetir, con los mismos funestos resultados.
El hecho de que la mayoría oficialista del senado haya retrocedido en la barbaridad cometida cuando devolvió fueros a senadores previamente desaforados que están siendo investigados por la Fiscalía, puede verse como que enmendaron un error. Sin embargo, una acción que significó el atropello a la Constitución Nacional no debe quedar impune. Los 23 senadores que votaron por devolverle los fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, deben ser investigados, pues en un estado de derecho nadie está por encima de la ley.