Los abogados Daniel Lobo y Rocío Fernández alegaron en la denuncia que a la ex funcionaria de Petropar, Lizza Sales, la obligaron a firmar un documento de renuncia sin tener en cuenta su estabilidad laboral de 12 años y que estaba en etapa de amamantamiento a su bebé.
El hecho ocurrió en junio pasado y a la mujer la habrían presionado para que firme una nota de renuncia mal redactada y bajo amedrentamiento y amenaza de que la iban a procesar.
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La mujer relata que había sido convocada a la sala de reunión el 8 de julio pasado por la directora de Gestión Empresarial, Ana Karina Yaluk, para conversar con ella, pero ya en el recinto se encontró con el director jurídico, Carlos Arce; además de la directora comercial, Vanessa Iribas; el director de Transparencia, Francisco Javier Borquez; el director comercial, Francisco Torres; y el director de Gabinete de Presidencia, Adalberto Acuña.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEn dicha oportunidad, señala que el director jurídico, el abogado Carlos José Arce, “en un monólogo dictatorial” procedió a ejercer presión sobre su persona y voluntad, amedrentando y presionándola psicológicamente, además de coaccionarla, con el fin de que le firme un documento dirigido al presidente de la entidad que contenía su renuncia a la institución.
En ese sentido, manifestó que ante la insistencia y los cuadros de ansiedad y estrés que estaba soportando, fue obligada a firmar la renuncia ya redactada por el abogado, donde ni siquiera su nombre está bien redactado, ya que dice Liza Mabel Sales y es relamente Lizza María Isabel Sales.
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“En un claro abuso de poder, por el cargo público que ocupa de director jurídico, el abogado Carlos José Arce me coaccionó, infringiéndome temor a ser despedida e incluso, procesada penalmente, sin siquiera entender lo que me explicaba y sin poder consultar con ningún abogado ni persona de mi confianza, pues no me dejaron acceder a mi teléfono celular”, denunció la mujer.
A su vez, resaltó que tiene 12 años en la función pública y que anteriormente cumplía funciones ante el Ministerio de la Defensa Pública y en el 2021 fue incorporada a Petropar.
La afectada remarcó que el director jurídico sabía que no la podía despedir sin sumario previo, no solo por su antigüedad, sino porque estaba en el periodo de lactancia, por lo que recurrió a la coacción como medida.
