Este convenio se suscribió en Bruselas y en Asunción, el 5 de julio y el 21 de agosto de 2020, respectivamente. Fue aprobado por el Congreso Nacional, y promulgado por el Ejecutivo mediante la Ley N° 6659.
Implica una contribución de la UE de 38 millones de euros para fortalecer la educación mediante acciones vinculadas a aseguramiento de la calidad en todos los niveles y modalidades educativas. Se discutió y elaboró bajo la administración de Petta.
Sin embargo, en una extensa nota fechada el 3 de diciembre, dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Petta plantea una adenda de modificación a fin de dejar asentado que “para el Ministerio de Educación y Ciencias, el término igualdad de género se refiere y aplica a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, en función de su identidad biológica, y no la construcción social de su sexualidad, conforme con sus emociones, sentimientos y/o autopercepción”.
Resalta que todo el ordenamiento jurídico, incluidas la Constitución Nacional, las leyes civiles, administrativas y penales “no contemplan esa versión o interpretación de la palabra género”.
Con esto, dice la nota, se quieren evitar riesgos de interpretación sobre un “asunto sensible”, que se encuentra en medio de la consideración ciudadana en este tiempo.
Al respecto, el vicecanciller José Antonio Dos Santos dijo que la solicitud del ministro de Educación fue transmitida a la representación permanente de la UE en Asunción, pese a que el acuerdo ya es ley. Aclaró que el embajador de la UE, Paolo Berizzi, no se encuentra en estos momentos en el país.
