El planteamiento en el que trabaja la cartera que lidera el Equipo Económico Nacional debe estar listo a fines de agosto y ser entregado antes del 1 de setiembre al Congreso.
En este documento deben estar detallados todos los aspectos que hacen a la operatividad del Estado, como ser pago de salarios, mantenimiento, compras, inversiones, deuda, transferencias y gastos sociales en general.
Generalmente, cualquier ciudadano puede descifrar el camino que toma la Administración Pública de turno en un determinado año por el Presupuesto que envía al Congreso, porque las prioridades financieras y fiscales están orientadas a ese camino, directa o indirectamente, mediante impuestos, tasas o créditos.
El debate en torno al Presupuesto Público suele ser bastante duro, pero apasionante. Sin embargo, y generalmente, de nuevo, suele pasar casi desapercibido para el común de la gente, cuando que por concepción, naturaleza y finalidad, el Presupuesto Público debe estar pensado, ordenado y dirigido hacia la gente.
Y esto último es fundamental, porque si hacemos un recuento de los últimos años, una importante parte del Presupuesto Público se ha redireccionando de legítimas intenciones a espurios propósitos alineados a coyunturas electorales bien dominadas por una clase política que es capaz de realizar todo tipo de alianzas para seguir en el sillón por cinco años más.
Y justamente, el 2023 será un nuevo año electoral. Tras las internas que deben hacerse este fin de año, las elecciones generales para presidente, parlamentarios y autoridades departamentales, se deberán realizar en abril. A diferencia de otros años electorales, empero, el Ejecutivo tiene la tarea de ser un férreo custodio del plan de gastos estatal, ya que este 2023 es muy diferente.
Así como evidenció un montón de déficits estructurales, la pandemia cambió todos los planes a cortísimo, corto y mediano plazo. El gasto se expandió considerablemente para atender a sectores muy golpeados por el confinamiento y los programas sociales tuvieron un impacto importante para contener la pobreza. En ese contexto, estos planes no pueden tener un freno en el 2023, porque los índices de pobreza y desempleo siguen altos y porque la inflación llegará este 2022 a niveles históricos que terminan por asfixiar aún más a la economía familiar.
Las obras públicas tampoco pueden ser recortadas. La inversión en infraestructura fue una de las claves para que la economía paraguaya no tenga un drástico bajón en los últimos años, generando masiva mano de obra y un efecto multiplicador que beneficia a una extensa cadena logística.
A nivel sanitario, debe ser prioridad para la clase política sostener el crecimiento que hubo en los últimos dos años en camas, equipamiento, servicios y personal de blanco. El vergonzoso retraso que tiene el sistema de salud pública en relación con la región debe ir achicándose de forma urgente, del mismo modo que el déficit que se tiene a nivel educativo. Con relación a esto último, es vital que exista un plan agresivo de capacitación a docentes, lo que debe ir acompañado evidentemente de infraestructura y de cuestiones directamente vinculadas, como programas de alimentación y actividades extracurriculares, entre otros.
No es una tarea fácil encontrar espacio financiero para todo, porque –como suele repetirse incansablemente– las necesidades son infinitas, pero los recursos limitados. No obstante, es tiempo de que la mirada pública sobre cuestiones fundamentales –como la pobreza, la educación, la salud y la inversión física y social– vaya más allá de pasajeros momentos coyunturales y retome su misión original: mejorar la calidad de vida de la gente.