Kirchner, acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada, tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Se estima que el veredicto se decidirá a fin de año.
Minutos después de conocido el pedido de condena hecho por el fiscal Diego Luciani, la presidencia argentina emitió un comunicado de repudio.
Kirchner es acusada junto a otras 12 personas por supuestamente haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien también pidieron los fiscales 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes.
En total, la Fiscalía solicitó el decomiso de 1.000 millones de dólares, suma que consideró equivalente a la supuesta defraudación y que de ser ratificado por los jueces deberá pagarse de manera solidaria y proporcional entre los 13 acusados.
Los pedidos de condena oscilaron entre los dos y los 12 años de prisión. La suma de las penas máximas para esos delitos es de 16 años.
Esta fue la novena y última audiencia de alegatos de la Fiscalía, realizada de forma remota.
IRREGULARIDADES SISTEMÁTICAS. Según el fiscal Sergio Mola en esta causa “hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de 12 años. El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández (de Kirchner) no se enterara de nada en la soledad de su despacho”, aseveró el fiscal en su alegato final.
Mola repasó los detalles de la causa donde declararon más de un centenar de testigos.
Consideró que los acusados “trazaron un plan” que buscaba defraudar al Estado mediante “la discrecionalidad en la utilización de los fondos”.
El juicio, que inició en mayo de 2019, investiga si hubo direccionamiento y sobreprecios en la adjudicación de obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz, cuna política de los Kirchner.
A lo largo de las audiencias de alegatos, seguidas por los involucrados en forma remota, la fiscalía apuntó contra Kirchner como líder de asociación ilícita y la acusó de fraude al Estado, delitos que pueden conllevar una pena de hasta 16 años de cárcel.
La causa abarca también el periodo de gobierno anterior de 2003-2007, cuando fue presidente su esposo Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
Kirchner, de 69 años y abogada de profesión, pidió una ampliación de su declaración indagatoria para el martes, al sostener que “en abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, según escribió en Twitter. Pero esa posibilidad fue negada por el tribunal, que consideró que sus abogados podrán extenderse durante la próxima etapa de alegatos de la defensa, a partir del 5 de septiembre.
Anteriormente, Kirchner había solicitado la recusación de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, así como del fiscal Luciani, pero ese pedido fue desestimado.
Para que una sentencia sea ejecutada tiene que quedar ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Por ello, aún si es condenada, Kirchner seguiría en libertad.
