Las víctimas de un presunto fraude cometido por los ex directivos de la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Contraloría General de la República (CGR) enviaron una nota al juez de la causa, solicitando el adelantamiento del juicio oral y público para este mes en curso. Además, afirman que sus salarios siguen siendo embargados por supuestas deudas que ya fueron saldadas.
La causa está caratulada como: “Claudeline Yudice y otros s/ estafa y otros”, cuya audiencia fue fijada para el 17 de mayo del 2024, a las 08:30, ante el juez Penal de Garantías interino Federico Rojas.
Al respecto, Olga Rojas Benítez, delegada de la querella y querellante a la vez, presentó una nota dirigida al juez Rojas, solicitando el adelantamiento de la fecha del juicio, en atención a varios puntos, entre ellos “la excesiva dilación por las innumerables chicanas judiciales planteadas por la defensa y avaladas en su momento por la jueza Sandra Farías, quien jamás fijo fecha de juicio”, indica el escrito.
Además, según dice la nota, que los querellantes solicitan adelantar para este mes de octubre a más tardar para que se inicie el juicio oral en la presente causa, debido al tiempo que ya transcurrió desde que se inició el proceso.
EL CASO. El caso comenzó en el año 2017, cuando funcionarios de la CGR denunciaron un desvío de G. 1.500 millones por parte de las ex autoridades de la asociación de empleados. La causa es por los presuntos hechos de estafa, apropiación y lesión de confianza, donde resultaron afectados cerca de 320 socios, debido a que las ex autoridades de la entidad no honraron los créditos con las casas comerciales con quienes tuvieron acuerdos, pese a los descuentos compulsivos mensuales de los salarios realizados a sus asociados.
Los denunciados son: Adalberto Arévalos, actual director del área financiera de la CGR; Claudeline Yudice, presidenta de la Aso y actual jefa de equipo de auditorías; Alberto Vargas, auditor y jefe de equipo en la CGR; Édgar Ramón Cáceres, coordinador de auditorías en la CGR, y Fredy Núñez, ex administrador de la Asociación.
Exceptuando a Núñez, todos los citados son funcionarios de confianza del contralor, Camilo Daniel Benítez Aldana. Los mismos ostentan, según planilla de salario, altos salarios a los que se suman otros beneficios, como “remuneraciones extraordinarias, bonificación por gestión administrativa, gastos de representación y hasta viáticos”. Los salarios promedian los G. 17 millones para arriba.
Además, las víctimas afirman que en manos de los acusados por estafa, apropiación y lesión de confianza se encuentran los controles de las instituciones públicas del país.
En la causa, los denunciantes habían presentado, en el mes de setiembre pasado, una denuncia ante la Dirección de Integridad y Transparencia de la CGR, para que se aclare por qué están personas procesadas y a puertas de juicio siguen ocupando cargos relevantes en la institución.
Dicha nota no fue respondida por las autoridades de la CGR y, al respecto, los denunciantes refieren que “es evidente que no se ha tratado la denuncia en el Comité de Ética y, peor, no se ha orientado tal pedido al contralor, quien apoya y gratifica a personas claramente vinculadas, a un sistema de corrupción”, que terminó perjudicando a más de 300 funcionarios.
Además, sospechan que los acusados reciben respaldo político y económico.
discordante. Los querellantes mencionaron que poco tiempo después de la presentación de la denuncia a la Dirección de Integridad, dos funcionarias fueron sumariadas y una fue desvinculada de un cargo de confianza.
El motivo de la desvinculación fue que las funcionarias suscribieron una nota de tinte político apoyando a “personas sindicadas como significativamente corruptas”.
Ante esta situación, las víctimas alegan que existe discordancia sobre lo sucedido con estas funcionarias y con los ex directos de la Aso, ya que fueron sumariadas por algo que “no es tan grave como sostener a personas acusadas por la Fiscalía por hechos de estafa, apropiación y lesión de confianza y están a puertas del juicio oral”.
