Sectores de la sociedad y referentes de diferentes diócesis de Nicaragua pidieron este viernes al Gobierno nacional que “cese la persecución a la Iglesia” Católica, que en los últimos meses ha visto cómo miembros del Clero fueron arrestados y otros sitiados en sus casas curales, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, uno de los más críticos del presidente Daniel Ortega.
La Policía de Nicaragua irrumpió en la noche del 1 de agosto en la parroquia Divina Misericordia, en el municipio de Sébaco, Diócesis de Matagalpa, para cerrar una de las cinco radios católicas clausuradas ese día por el régimen de Daniel Ortega. A través de su página de Facebook, la parroquia transmitió en vivo la llegada de efectivos policiales a las puertas de la parroquia, así como su ingreso a la fuerza.
“Exhortamos a las autoridades del país a respetar la libertad de expresión y de religión en nuestra patria. Que cese la persecución a la Iglesia”, expusieron en un mensaje público los sacerdotes de la diócesis de Siuna (Caribe norte), en el que brindaron su apoyo al obispo, sitiado por policías desde el miércoles en la ciudad de Matagalpa (norte).
Enfrentamientos
Las relaciones entre la Iglesia Católica y Ortega, históricamente agrietadas, empeoraron recientemente con el arresto y posterior condena al padre Manuel Salvador García Rodríguez por presunta violencia a una mujer, la captura del párroco Leonardo Urbina por supuesto abuso a una menor, así como los cercos al sacerdote Uriel Vallejos y al obispo Álvarez.
García, párroco de Nandaime (Pacífico) fue condenado a dos años y ocho meses de prisión por supuestamente agredir a una mujer, la que, sin embargo, luego fue arrestada por negar la agresión.
Urbina, sacerdote en Boaco (centro), enfrenta cargos por supuesta violación a una menor de 12 años, cuyos denunciantes han sido identificados por la oposición como seguidores de Ortega.
Vallejos estuvo recluido en el dormitorio de una parroquia, en donde policías ingresaron a la fuerza para ocupar equipos de una radio católica cancelada por las autoridades.
Mientras que Álvarez, encargado del área de Comunicación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, fue sitiado por policías tras criticar el cierre de las radioemisoras católicas.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) había informado que las condiciones en la residencia empeoraron luego de que se cortara la luz y se agotaran los alimentos.
Cierre de emisoras
Las relaciones encontradas entre el Gobierno y la Iglesia Católica se agudizaron esta semana luego de que las autoridades ordenaron el cierre de diez medios de comunicación, entre estos ocho católicos, que estaban bajo la dirección de Álvarez.
“Llamamos a las autoridades civiles de este país a cesar los atropellos que sin causa justa vienen cometiendo contra la Iglesia que peregrina en Nicaragua. Confiamos en que se imponga la cordura, y se eviten estas manifestaciones coercitivas de los derechos humanos fundamentales”, señaló, por su lado, la diócesis de Matagalpa.
“Exigimos que se respete la Constitución Política de la República, que cesen estas manifestaciones de odio y violencia y se pueda vivir y trabajar en paz”, agregó.
Por su parte, el Colegio de Consultores de la diócesis de Estelí dijo seguir “con mucha preocupación el curso de los acontecimientos que están entristeciendo a nuestro país y entorpecen el ejercicio de la misión evangelizadora del clero hermano de la diócesis de Matagalpa”.
Con un 58,5% de creyentes, la Iglesia Católica es la religión con más seguidores en Nicaragua, según el último censo nacional.
Nicaragua vive una crisis que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó al menos 355 muertos en 2018, de los cuales Ortega admitió 200 y alegó que se defendía de un supuesto golpe de Estado.
La crisis empeoró con las elecciones de noviembre pasado, cuando Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, fueron reelegidos en sus cargos, en un proceso criticado porque siete de sus potenciales rivales fueron arrestados y dos huyeron al exilio. EFE