Con ello, serán los nueve ministros del Máximo Tribunal, salvo que alguno de ellos se inhiba del caso, los que deberán estudiar la inconstitucionalidad promovida por la ex legisladora que perdió su investidura por decisión de sus colegas senadores.
Una vez que quedó firme la resolución que elevó el caso a autos para sentencia, el actual vicepresidente primero de la Corte y presidente de la Sala Constitucional, Gustavo Santander, en consenso con sus colegas César Diesel y Víctor Ríos, solicitó la ampliación de la sala, para resolver el pedido de la ex congresista.
En este caso, el pedido podía hacerlo cualquiera de los ministros, pero hubo consenso al respecto, conforme señaló el ministro Santander, para pedir la ampliación.
Con ello, ahora, se remitirá el expediente a cada uno de los ministros, empezando por la Sala Civil, integrada por Alberto Martínez Simón, Eugenio Jiménez Rolón y César Garay Zuccolillo.
Después, irá a la Sala Penal, integrada por el actual presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, y sus colegas Carolina Llanes, y Manuel Ramírez Candia.
Cada ministro deberá aceptar el caso o inhibirse.
En caso que alguno no acepte, entonces, deberá integrarse, primero con los camaristas del fuero Civil y Comercial, y luego con los demás fueros, en caso de que se inhiban de la acción planteada.
Una vez que se integre la Sala, finalmente, se hará un sorteo para saber quién será el preopinante en la acción, y luego los demás ministros que darán su voto para que finalmente salga la sentencia en el caso de la ex senadora del Partido Encuentro Nacional, Kattya González.
LA ACCIÓN. En la acción de inconstitucionalidad planteada por la ex parlamentaria, la misma atacó la resolución del 14 de febrero pasado, por la cual se la destituyó del Senado, por 23 votos de la mayoría de legisladores del Movimiento Honor Colorado, pese a que el reglamento decía que debían ser 30 votos.
De esta manera, señaló que violaron el reglamento interno del Senado, a más del derecho a la defensa, ya que no le permitieron ejercer su defensas, entre otras cosas.
Había pedido como medida cautelar su reposición, pero la Corte le dio trámite a la acción, pero rechazó la medida cautelar. La fiscala adjunta, Artemisa Marchuk, en su dictamen, había recomendado hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad debido a que se violó claramente el reglamento interno que exigía 30 votos para la destitución de un parlamentario. Por su parte, el Senado también respondió la acción de inconstitucionalidad y habló de la independencia de los poderes del Estado, y que habían interpretado directamente la Constitución para resolver la cuestión. Ahora, se espera el trámite para la integración.