Referentes de la oposición pidieron que sea tratado y aprobado el proyecto de ley de conflicto de intereses, y castigar a aquellos que negocian con el Estado ejerciendo la función pública, sacando provecho económico para sí mismo o para un grupo empresarial.
En los últimos días saltaron nombres de una decena de diputados que tienen estaciones de servicio de emblemas públicos y privados, mientras que aprobaban sendos subsidios para el sector.
Igualmente, gobernadores, intendentes, concejales, ministros, legisladores y otros cargos son proveedores del Estado o están ligados a obras públicas a través de sus empresas constructoras.
El diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Édgar Acosta repudió que políticos estén sacando ventaja desde sus puestos de privilegio.
“Debemos aprobar la ley que castiga el conflicto de intereses. Lastimosamente, en nuestro país se ha normalizado que políticos saquen ventajas de sus cargos públicos, para generar ganancias hacia sus actividades profesionales o empresariales. Debemos luchar frontalmente para que se castigue. Políticos que acceden a los cargos y sacan ventajas para sus actividades profesionales y empresariales, como legisladores con estaciones de servicio, intendentes y concejales con empresas constructoras, entre otras cosas”, resaltó el parlamentario.
El proyecto de ley que define, previene y sanciona el conflicto de intereses en la función pública fue presentado en marzo del año pasado por el Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad, presidido por la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González.
Sin embargo, hasta ahora no fue ni dictaminado en las comisiones para su tratamiento en sesión.
El proyecto es considerado importante atendiendo a la gran cantidad de casos y que no está contemplado el hecho como delito en el Código Penal.
“La importancia radical de este proyecto descansa en prevenir este desarrollo delictivo que perturba la imparcialidad del funcionario en su gestión y poder, además, limitar un delito que asola a nuestro país constantemente y no puede sancionarse al no encontrarse tipificado dentro del Código Penal”, expresa un pronunciamiento del Frente Parlamentario.
Combustible. Luego de que fuera derogada la ley que subsidia a Petropar, los legisladores volvieron al beneficio de los vales de combustible. Kattya González presentó un proyecto para eliminar las asignaciones de combustible a las autoridades. También Honor Colorado hizo lo mismo con una propuesta similar.
