El Juzgado Penal de Garantías 5 de Ciudad del Este informó este viernes de la nueva imputación ante nuevas evidencias contra el senador Javier Zacarías Irún, por el supuesto desvío de fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
El Senado deberá resolver si desafora o no al político. Zacarías Irún ya cuenta con una causa por lesión de confianza, 13/2019, también conocida como el caso de Frontera Producciones.
Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción solicitan nuevamente la prisión preventiva del senador, quien cuenta con medidas alternativas sobre la primera imputación presentada el 11 de marzo del 2019.
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La Fiscalía acusó a 10 personas, entre ellas la ex intendenta Sandra McLeod, por el hecho de lesión de confianza, registrado entre los años 2014 al 2018, en el que se utilizaron más de G. 2.100 millones de las arcas municipales para financiar campañas electorales y adquirir bienes para la familia Zacarías, según la investigación.
Los fiscales presentaron una nueva imputación con relación a otras órdenes de pagos de los años 2017 y 2018, que no habían sido incluidos en la primera imputación, informó el periodista Edgar Medina.
En la primera causa, la defensa del senador había recusado a los fiscales Josefina Aghemo, Luis Said Fragueda y Sussy Riquelme, y la coadyuvante, Claudelina Corvalán, por supuesta actuación irregular.
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Zacarías Irún está imputado como instigador de lesión de confianza porque era el intendente de facto, según la Fiscalía. Como autores del hecho están acusados Sandra McLeod; el ex intendente interino Alberto Rodríguez Florentín; el ex director de Finanzas, David Espínola; y el ex jefe de Prensa Juan Domingo Sanabria Notario.
También son investigados Carlos Darío Bordón Bottino, dueño de Frontera Producciones; y Lucía Rojas Espínola, Dora Rojas Espínola, Olga Rojas Espínola y Gustavo Rojas Espínola, familiares de Sanabria Notario.
Garcete fijó fecha para audiencia preliminar el 28 de marzo próximo para todos los procesados, a excepción de Zacarías Irún, quien también fue acusado con un pedido de abreviación de plazos por la Fiscalía, lo que aún no está resuelto.