Los fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel acusaron a la intendenta Mirtha Fernández y a otras 11 personas más por el supuesto desvío de G. 1.199 millones en obras que debían finalizar en el 2019, pero que algunas no se hicieron y otras que no se concluyeron, pero por todas se pagaron en su totalidad.
Se trata de la construcción de empedrados con cunetas, canalización, colocación de parques infantiles en plazas y en instituciones educativas, reparación de aulas, además de construcción de veredas que no se hicieron.
Estas obras –según los documentos presentados a la Contraloría– fueron abonadas y finalizadas. Sin embargo, las documentaciones serían falsas.
Los acusados son, además de la intendenta, el funcionario municipal Cristhian David Flecha, Elvis Ramón Balbuena, María Liz Fleitas, Blásido Albino Candia, Carlos Samudio Sánchez, Aníbal Samudio Sánchez, Sergio Ariel Flecha, Maglio César Muñoz, Verónica Acosta, Silvia Espínola e Inocencio López.
Se habla de los hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y declaración falsa.
Hasta ahora el caso está trabado en la Corte una acción de inconstitucionalidad y este es un recurso más planteado por la defensa de los acusados, quienes no se quieren someter a la Justicia, según los fiscales.