Roberto Cárdenas Ramírez, ex intendente de Lambaré; Guido Fernando Salcedo, director administrativo, y Guillermo Ramón Lezcano, ex intendente interino, fueron acusados por la supuesta mala utilización de los recursos del Fonacide, que generó un faltante de más de 8 mil millones de guaraníes en las cuentas bancarias de la Comuna.
Los mismos habían sido favorecidos el año pasado con el sobreseimiento provisional, debido a que faltaban realizar algunas diligencias que permitirían asegurar el caso.
Tras cumplirse un año de dicha medida, los fiscales Fabiana Molas, Teresita Torres, Luis Said Frágueda y Carina Sánchez solicitaron la reapertura de la causa penal al juez Hugo Camé, quien hizo lugar la misma. Entonces, los intervinientes plantearon la acusación por el hecho punible de lesión de confianza y requirieron que la causa sea elevada a juicio oral.
Según el escrito, entre los años 2013 y 2015, en la Comuna lambareña fueron hechas varias transferencias de fondos provenientes de royalties y previstos para pavimentación. Sin embargo –de acuerdo a los agentes fiscales–, los acusados utilizaron en forma indebida los fondos que debieron haber sido destinados exclusivamente al área de desarrollo urbano, infraestructura vial, salud y medioambiente.
La investigación señala además que se realizaron diversas transferencias de cuentas de royalties y de pavimentaciones a la cuenta institucional, faltando once días para las elecciones municipales del año 2016. Dicha situación está expresamente prohibida por normas legales, teniendo en cuenta que estas deben usarse o acreditarse exclusivamente para la pavimentación y que, al transferir a las cuentas institucionales se transgreden las normas, además de desconocerse el destino de estos fondos.
Específicamente, en el año 2013 se transfirió la suma de G. 1.100.000.000; en el año 2014, la suma de G. 1.704.000.000; en el año 2015 la suma de G. 2.010.000.000. En total son G. 4.814.000.000.
En cuanto a los fondos de royalties, se había transferido la suma de G. 2.900.000.000.
Cárdenas planteó una apelación contra la reapertura de la causa, con intención de volver a trabar el proceso.
Los investigadores también urgieron al juez la realización de la preliminar en otra causa que afronta Cárdenas por usurpación de funciones públicas. En este caso, habría firmado un documento después de dejar el cargo, para la provisión de almuerzos escolares.