Según los antecedentes se había pedido la suma de G. 40 millones para beneficiar a Teófilo Gómez, quien está imputado por coacción sexual y violación desde agosto de 2019, donde la víctima era una menor de edad.
La fiscala de ese caso era la agente María Angélica Acosta Bjasso y el juez era Cazal, ambos de la ciudad de Alberdi, Ñeembucú. Mientras, el abogado querellante (que representaba a la víctima) era Méndez.
Fue este último quien habría solicitado el dinero al imputado, diciéndole que así la adolescente retiraría la denuncia.
Supuestamente de esos G. 40 millones para la fiscala eran G. 10 millones y mismo monto para el entonces juez.
El fiscal Leonardi Guerrero inició las investigaciones en contra de ellos y se constató que “efectivamente, dicho pedido de dinero fue realizado por la agente del Ministerio Público y el magistrado señalado, a fin de que este, en primer lugar, otorgue medida alternativa a la prisión a favor de Teófilo Gómez y, luego, homologar un acuerdo conciliatorio con la víctima”, sostiene la acusación.
Luego de la imputación en contra de los tres, en agosto del 2019, la Corte dispuso la suspensión tanto de la fiscala como del ex juez, quien posteriormente fue destituido del cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.