Un proyecto de ley con el que se prevé “cambios estructurales en el sistema carcelario”, implementando un régimen de máxima seguridad, es fuertemente criticado, ya que –afirman– no cumple con el objetivo de reinsertar a la persona presa a la sociedad y que, más bien, se acerca a la tortura sicológica.
Encerrado 22 horas al día, sin contacto entre privados de libertad y agentes penitenciarios, con visitas de no contacto, con un límite de día y hora para hablar con su abogado, ¿cómo lo enviás después de eso de vuelta a la sociedad como un ciudadano normal?
Esto dice el proyecto de ley, propuesto por el Ministerio de Justicia, presentado por los senadores Basilio Bachi Núñez, Lizarella Valiente, Colym Soroka y Noelia Cabrera.
En realidad, hoy ya están poniendo en marcha este sistema de máxima seguridad con el clan Rotela, pese a que no existe una ley.
Recientemente, dijo el ministro de Justicia, Ángel Barchini, que para “profundizar el cambio estructural” en el sistema penitenciario se necesita el acompañamiento con un nuevo proyecto de ley que habla de pabellones de máxima seguridad.
“Son situaciones especiales ante la situación extrema gravedad que vive la República. Y como nosotros no teníamos ley, no teníamos una estructura edilicia donde podíamos poner a criminales de alta peligrosidad (entonces, lanzan el proyecto)”, dijo en conferencia de prensa.
Explicó que el respeto de los derechos humanos de los internos –condenados e imputados– está garantizado por el Ministerio de Justicia, pero que también deben precautelar la seguridad de la nación.
Justamente la falta de control en las cárceles, los incesantes amotinamientos, el crecimiento del crimen organizado en las propias penitenciarías llevaron a actuar a este extremo. Pero ¿es legal?
INCONSTITUCIONAL.
“Si partimos de la base de que la Constitución prevé como fines de la pena la resocialización y la protección de la sociedad, como Estado tenemos obligación de generar condiciones para que las personas puedan tener vida sin delinquir al término del proceso”, explicó Diana Vargas, especialista en DDHH.
Considera que este proyecto de ley, sin embargo, es todo lo contrario, ya que plantea un régimen, tanto para procesados como para condenados... “Apenas 2 horas al aire libre, limitaciones de contactos, restricciones en el acceso de materiales, condiciones que son más cercanas a la tortura sicológica que a esfuerzos por la reintegración social”, expuso.
Y justamente, la reinserción social habla de restablecer vínculos familiares, fortalecer la salud física y mental, generar redes de apoyo en el ámbito laboral y social.
“Están retrocediendo siglos, volviendo al castigo de enemigos, que por supuesto, no serán aquellos procesados por lavado, lesión de confianza, entre otros hechos de cuello blanco”, lamentó Vargas.
Dijo que acá solo se trata de tirar “juguitos” para saciar la sed de quienes gritan “mano dura” en una democracia todavía débil, donde normas se cumplen solo para algunos.
CORRUPCIÓN
Con este proyecto “se busca desconocer que la metástasis de la corrupción está en instituciones públicas y se traslada a personas privadas de libertad como responsables del descalabro del sistema penitenciario”, criticó.
Hay 3 cárceles con pabellones especiales
Ya en la época de Mario Abdo Benítez se construyeron tres cárceles con pabellones exclusivos de máxima seguridad, de los cuales solo Emboscada está funcionando.
Las 3 nuevas cárceles (dos en Emboscada y uno en Minga Guazú) fueron construidas para tener celdas separadas para los de alto riesgo.
Se había dicho que estas cárceles no tenían el equipamiento para ser implementado, y llama la atención que uno ya este funcionando. “No se maneja en forma transparente. Están aprovechando la ola de mano dura y el MJ sacó rápido una licitación amañada, pero no piensa profesionalizar (a agentes penitenciarios)”, dijo la abogada Diana Vargas.
