Una reforma tributaria no puede aplicarse antes de mejorar el gasto público, fue el argumento del senador de Honor Colorado Sergio Godoy para presentar un proyecto de ley que “prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias; limita el nombramiento y la contratación de parientes; fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización”.
El objetivo, además, es paliar las necesidades insatisfechas de la población como educación y salud, según indicó el parlamentario.
La propuesta señala que estas previsiones, disposiciones y prohibiciones para el Presupuesto General de la Nación deberán afectar a todos los organismos del Estado.
El planteamiento indica que ningún funcionario ni autoridad pública de rango superior podrá percibir un salario o remuneración superior al estipulado para el presidente de la República, incluyendo altas autoridades de Itaipú y Yacyretá.
Igualmente, se eliminarán asignaciones presupuestarias para contratación de seguro médico y prestaciones de servicio de telefonía celular para funcionarios y autoridades de rango superior; cupos de combustible para autoridades de rango superior; gastos del rubro compra de alimentos, bebidas, arreglos florales y tarjetas de invitación para recepciones, eventos o felicitaciones. Se exceptúan capacitaciones profesionales del funcionariado, así como los actos oficiales por fiestas patrias, toma de posesión de mandos y recepción de autoridades extranjeras.
El legislador cartista comentó que se pretende dejar de otorgar combustible a las altas autoridades para que “solo se paseen por Asunción”, pero no a los técnicos que realizan viajes al interior por trabajo.
Del mismo modo, se mostró a favor de que cada funcionario pague su seguro médico.
Otro gasto a prescindir es la publicidad estatal, incluyendo de las binacionales, en medios masivos de comunicación, redes sociales y cualquier otra forma de expresión audiovisual, excepto en situaciones de emergencias como catástrofes o epidemias para lo que se necesite dar aviso a la población.
El legislador destacó que el Estado ya cuenta con medios propios para informar, y que tienen su propio presupuesto, por lo que no es necesario acudir a medios privados.
“El que llega, aprieta, pero cuando se ventilan casos de corrupción, sobre todo en las binacionales, empiezan los auspicios a mansalva, y se intensifican en los últimos años de gobierno”, expresó.
El planteamiento establece asimismo que los parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de una autoridad de rango superior no podrán exceder en ningún caso el número de seis dentro del Estado.
Godoy explicó que el proyecto diferencia al funcionario público de las altas autoridades, detalle que no se especifica en la ley de la función pública, motivo por lo que se registran los abusos. “Tenemos una ley de nepotismo, pero como habla de funcionario y no altas autoridades, al final terminan nombrando con el pretexto de cargo de confianza a cualquiera. Yo presenté una nota cuando Marito le nombró a Benigno López como ministro de Hacienda y le dije que es nepotismo, porque es su hermano, encargado nada menos que de las finanzas públicas”, cuestionó el legislador.
Para garantizar la vigilancia del Estado, el proyecto especifica que todos los procesos licitatorios y de contrataciones públicas realizados con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) deben ser con intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Godoy adelantó que ya conversó con los senadores Blas Llano, Víctor Ríos y Paraguayo Cubas, quienes apoyan la iniciativa, que será presentada entre el miércoles y jueves.
